En Ecuador, la Unidad Educativa Particular San Gabriel, colegio perteneciente a la Compañía de Jesús en Quito, se ha visto envuelta en denuncias alarmantes de presuntas agresiones sexuales a estudiantes.
Aunque los detalles sobre estos casos son escasos, se ha divulgado que madres de las víctimas han reportado presuntos actos de agresión sexual por parte de un profesor a varias alumnas. Según informes de radioemisoras locales, se ha mencionado la presunta afectación de tres estudiantes.
En las redes sociales, se ha identificado al supuesto responsable de estos abusos como Sergio Puentes Montoya, quien desempeñaba el cargo de profesor de filosofía en la institución.
El colegio emitió un comunicado, sin ofrecer detalles sobre las denuncias, anunciando la suspensión de las autoridades de la institución. La Compañía de Jesús en Ecuador, a través de su autoridad principal, Daniel de Ycaza, tomó esta determinación sin dar explicaciones detalladas sobre los señalamientos.
Se ha anunciado la intervención integral del colegio por parte de la Oficina de Educación de la Red de Unidades Educativas Ignacianas (RUEI) de la Compañía de Jesús. Además, se aseguró que la Oficina de Prevención del Abuso Sexual de la Curia Provincial brindará acompañamiento y apoyo integral a las víctimas y sus familias.
Clases suspendidas en colegio donde ocurrieron los hechos
En otro comunicado, se informó que Daniel de Ycaza designó a Luz del Carmen Silva Román como rectora encargada de la institución. Posteriormente, se anunció la suspensión de la asistencia de los estudiantes al plantel para facilitar procesos de diálogo y escucha con la comunidad educativa. Las clases se reanudarán el próximo 2 de enero.
El Ministerio de Educación, al tener conocimiento de la situación, activó los protocolos y rutas de actuación para casos similares. Se han implementado medidas de protección en favor de las víctimas, asegurando acompañamiento psicosocial y pedagógico.
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Además, se ha instruido al Distrito Educativo y a la unidad educativa implicada para brindar todas las facilidades y garantías durante los procesos administrativos y penales.
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El Ministerio también ha dejado claro que cualquier omisión o negligencia por parte de algún miembro de la comunidad educativa será objeto de procesos sancionatorios correspondientes.
