¿Qué sentido tiene la Carta de la ONU y sus estamentos jurídicos cuando Israel quema y carboniza a los palestinos en sus ataques ante los ojos del mundo?
Las fuerzas del ejército sionista bombardearon el campamento de refugiados en Rafah, la última zona “segura”, donde el 26 de mayo pasado más de 50 personas —que no son HAMAS, entre ellos niños y mujeres— murieron calcinados, frente a una comunidad internacional estólida que aún no toma acciones contundentes para frenar las masacres que se están cometiendo en el enclave costero, y es que hasta el presente, Israel impunemente y de manera descarada viola el derecho internacional humanitario, riéndose a carcajadas sobre la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI).
Si el régimen israelí no respeta a un pueblo como el palestino, ni a sus instituciones veladoras de los derechos de los seres humanos como la CIJ y la CPI; ¿Qué sentido de ser tiene la Carta de Naciones Unidas y sus estamentos jurídicos?
En esa línea, en muchas oportunidades el gobierno israelí y sus líderes, no solo no acatan las resoluciones de las organizaciones internacionales como la ONU, la CIJ o la CPI, quienes en varias oportunidades han ordenado cesar los crímenes y el genocidio que comete, sino que los espían, los intimidan o cometen actos de piratería informática para boicotear el trabajo de jueces, fiscales y personal judicial como por ejemplo de la Corte Penal Internacional.
Sus amenazas e intimidaciones no son de ahora, ya desde el 16 de enero de 2015, después de que Palestina se uniera a la CPI, cuando la fiscal Fatou Bensouda abrió un examen preliminar sobre “la situación en Palestina” respecto a los crímenes de Israel, fue presionada y hostigada. El 2019, Bensouda anunció el final de su examen preliminar concluyendo que había una “base razonable” de que Israel había cometido crímenes de guerra en los territorios ocupados. Terminadas sus funciones, el nuevo fiscal Karin Jan asumió el mando el 12 de febrero de 2021; aún así el hostigamiento israelí no paró, sino se intensificó.
Siguiendo esa línea, la piratería informática por parte de los órganos de inteligencia de la Mossad contra la CPI, fue ejecutada durante más de 9 años, cuyo fin era desvirtuar las investigaciones de la ex Fiscal Bensouda así como del actual, este último dijo:
“Insisto en que todos los intentos de impedir, intimidar o influir indebidamente en los funcionarios de esta corte deben cesar”, dando a entender que cualquier interferencia de ese tipo es un delito penal tipificado como “Delitos contra la administración de justicia”, tales como: “Poner trabas, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte para obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus funciones o a que lo haga de manera indebida; (Inciso d), “Tomar represalias contra un funcionario de la Corte en razón de funciones que haya desempeñado él u otro funcionario” (Inciso e) del art, 70 del Estatuto de Roma, y que si la conducta continúa, su oficina no dudará en actuar, según una investigación realizada por The Guardian y las revistas israelíes +972 Magazine y Local Call, en donde Tel Aviv utilizó sus agencias de inteligencia para intimidar, presionar, difamar y piratear las comunicaciones del personal de la CPI, cuyo fin era desvirtuar las investigaciones respecto a las masacres que viene cometiendo contra los palestinos.
La intercepción de llamadas, correos electrónicos y documentos advertían al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de las acciones futuras que iban a tomar las autoridades como la Fiscal Besouda en su momento, y el actual; Karin Jan, quien acusó ante la Corte a Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La agresión israelí en Gaza ha cobrado la vida de miles de civiles, siendo esta una pequeña muestra de la impunidad de Benjamín Netanyahu.
El 24 de mayo, la CIJ ordenó a Israel detener la ofensiva en Rafah, la cual ha sido desoída e incumplida, así como la CPI el 20 de mayo ha solicitado órdenes de detención contra el primer ministro israelí, y su ministro de Defensa, las cuales por supuesto han sido desoídas e incumplidas.
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Este revés a la CPI y la CIJ, es también culpa de los países miembros que son parte de estos tribunales internacionales en la Haya. Por ejemplo, en el caso de la Corte Penal, los 124 estados que la conforman deberían ser quienes hagan cumplir la resolución de este tribunal, ¿Por qué no lo hacen?
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El doble rasero de la comunidad internacional es visible cuando por un lado denuncia la criminalidad de Israel, pero en los hechos no coopera ni toma las acciones y medidas para hacer cumplir las órdenes de los tribunales internacionales como el de la CPI, la cual en el art. 86 del Estatuto de Roma, claramente manifiesta que los estados miembros tienen la obligación general de cooperar con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia, por lo tanto, no cooperar con el tribunal Penal, es ser cómplice de la criminalidad de un régimen ocupante, que al presente a victimizado a más de 36.300 civiles según el Ministerio de Salud palestino: ¿Habrá justicia para Palestina o tendrá que esperar a una corte celestial?
