En junio, Bolivia sufrió un intento de golpe de Estado en contra del gobierno de Luis Arce, liderado por un grupo de militares.
En junio, Bolivia sufrió un intento de golpe de Estado en contra del gobierno de Luis Arce, liderado por un grupo de militares.

La Fiscalía General de Bolivia citó al presidente, Luis Arce, para declarar como testigo en el proceso investigativo en torno al fallido intento de golpe de Estado, ejecutado por un grupo de militares.

“Dentro de esta investigación se ha solicitado la declaración del propio presidente del Estado y de otras autoridades que estuvieron presentes en ese momento”, declaró Juan Lanchipa, fiscal General de Bolivia.

La Fiscalía de Bolivia investiga a jefes militares en servicio activo y en retiro, así como a civiles, por los delitos de alzamiento armado y terrorismo relacionados con el intento de golpe de Estado, en junio del año en curso.

Hasta el momento, se han puesto a la orden de la Justicia a 27 personas y están siendo investigadas en el marco de un proceso judicial en curso, informaron las autoridades correspondientes.

Detalles del intento de golpe de Estado en Bolivia

El 26 de junio, Bolivia fue sacudida por un intento de golpe de Estado cuando un grupo de militares se sublevó, ocupando las calles de La Paz, rodeando la Plaza Murillo e ingresando de forma ilegal al Palacio Presidencial.

En ese momento, el presidente boliviano, Luis Arce, denunció las “movilizaciones irregulares” y confirmó que se trataba de un intento de golpe de Estado. Hizo un llamado a la ciudadanía a defender la democracia y evitar que “intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas”.

Los militares rebeldes estaban liderados por el general destituido Juan José Zúñiga, quien aseguró que buscaban la toma del poder y la formación de un nuevo gobierno.

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En ese sentido, el Ministerio Público señaló que Zúñiga cometió desacato al orden constitucional, lo que resultó en su detención inmediata.

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De igual manera, la Fiscalía boliviana ordenó el uso de todos los recursos necesarios para reunir pruebas, emitir requerimientos, órdenes de citación, mandamientos y resoluciones fundamentadas, con el objetivo de esclarecer los hechos investigados y sancionar a los responsables.