Después de una intensa jornada marcada por debates y manifestaciones, en la madrugada del 11 de septiembre, el Senado de México aprobó la modificación a la Constitución Política en materia de reformas al Poder Judicial, con 86 votos a favor, la cual permitirá que jueces y magistrados sean electos mediante el voto popular.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que: “Queda aprobado el proyecto de reforma que modifica y deroga diversas leyes que reforman el Poder Judicial y se remite a las legislaturas estatales”.
“Con 86 votos a favor y 41 en contra, se aprueban los artículos reservados, en los términos del dictamen, que modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma al Poder Judicial”, precisó el comunicado emitido por el Senado mexicano.
La reforma al Poder Judicial, fue avalada con 86 votos a favor y 41 en contra, es la primera de un conjunto de 20 cambios propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su administración.
¿En qué consiste la reforma al Poder Judicial?
La reforma elimina al Consejo de la Judicatura Federal, encargado de administrar y supervisar el comportamiento de los funcionarios judiciales, y establece la creación de una nueva entidad administrativa junto con un Tribunal de Disciplina Judicial.
“En la reforma que se está proponiendo es que haya un órgano verdaderamente autónomo electo por el pueblo, para que vigile el buen comportamiento de jueces, magistrados y ministros, porque … a lo mejor se les va a olvidar quien los eligió y al servicio de quien deben estar…”, dijo López Obrador, durante su conferencia, “la mañanera de AMLO”.
“… y para que no se les olvide, para eso va haber un órgano de vigilancia”, subrayando que “no es nuevo lo de la corrupción en el sistema judicial”, añadió el mandatario.
Asimismo, la reforma contempla, la reducción del número de ministros de la Suprema Corte, de 11 a 9, eliminando la pensión vitalicia que estos reciben a culminar su período.
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El aspecto central y más polémico de la reforma es la elección directa de jueces y ministros, incluidos los miembros de la Suprema Corte. Estos cargos serán seleccionados en elecciones extraordinarias que se llevarán a cabo en 2025 y 2027. Los candidatos deberán ser propuestos de manera equitativa por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
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De igual manera, la reforma incluye la implementación de jueces anónimos, una medida diseñada para salvaguardar la seguridad de los magistrados que trabajan en casos de crimen organizado. Al mantener en secreto la identidad de estos jueces, se pretende protegerlos de posibles amenazas o actos de violencia por parte de las organizaciones criminales que enfrentan en los tribunales.
