Alberto Fujimori, expresidente de Perú, falleció a los 86 años. Su mandato, el cual duró una década, estuvo marcado por corrupción, violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y de crear la mayor polarización en la sociedad peruana.
“Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor…”, escribió keiko Fujimori, hija del exmandatario, en redes sociales.
Fuentes cercanas a la familia de Fujimori, indicaron que la salud del exmandatario había empeorado. Alberto Fujimori, tenía cáncer en la lengua.
Fujimori, durante su mandato
En 1990, después de ascender a la presidencia en una segunda vuelta electoral con el 62 % de los votos, Fujimori juró combatir el neoliberalismo, la corrupción, la pobreza y los privilegios entre los políticos. Sin embargo, su administración estuvo plagada de los mismos problemas que había prometido erradicar.
En 1992, con apenas 2 años de mandato, Fujimori protagonizó un autogolpe de Estado al disolver el Congreso y someter al Poder Judicial con el apoyo de las Fuerzas Armadas, para luego en 1993 instaurar una nueva Constitución Política en el país andino.
En el apogeo de su poder, Fujimori promovió una ley de amnistía que otorgaba inmunidad a todos los funcionarios del Estado implicados en violaciones de derechos humanos.
Apresado por crímenes de lesa humanidad
En 2009, la Corte Suprema de Perú declaró a Fujimori culpable por violentar los derechos humanos durante su periodo presidencial. En 1992, el Grupo paramilitar Colina asesinaron a casi 25 personas y a un profesor en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán, alegando erróneamente que eran guerrilleros. Las víctimas fueron desaparecidas y sus restos ocultados para encubrir los crímenes.
Durante décadas, las víctimas fueron oficialmente reportadas como desaparecidas, pero se descubrió que sus restos fueron incinerados y enterrados en fosas clandestinas en Cieneguilla, como parte de un intento del gobierno de Fujimori para ocultar estos crímenes.
En ese sentido, es que la justicia peruana lo halló responsable de manera indirecta en la matanza, de esta manera a Fujimori se le consideró implicado debido a que los perpetradores afirmaron haber actuado en nombre de su gobierno.
Asimismo, se le culpabilizó de usurpación de funciones, lesiones graves, abuso de autoridad, secuestro agravado, peculado doloso, apropiación indebida de fondos, falsedad ideológica en perjuicio del Estado, sobornos, interceptaciones y escuchas telefónicas, así como la compra ilegal de medios de comunicación, entre otros delitos.
De igual manera, se le acusó de implementar una política de planificación familiar, por el caso de miles de mujeres que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas entre 1996 y 2000 que, violaba los derechos humanos, cuyo principal objetivo era esterilizar a mujeres de bajos recursos para que su gobierno pudiera mostrar una disminución en las cifras de pobreza.
Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión, pero solo cumplió una parte de su condena, ya que, en 2017, recibió un indulto “humanitario” del gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
Con motivo de esa decisión, Fujimori salió de prisión después de que la justicia peruana redujera su sentencia por “razones de salud”.
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Fujimori enfrentó varios intentos legales para obtener su liberación de prisión, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos bloqueó la decisión del Tribunal Constitucional peruano, exigiendo que el Estado demostrara que había abordado adecuadamente los crímenes por los que estaba condenado.
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Tras intentos fallidos de sus abogados para asegurar su libertad y un rechazo judicial a anular su condena, finalmente fue liberado en diciembre de 2023 debido a su edad avanzada y su deteriorado estado de salud.
