El Gobierno de Cuba denunció la nueva orden ejecutiva emitida por el gobierno de Estados Unidos, mediante la cual Washington declara una supuesta “emergencia nacional” para endurecer el bloqueo económico y limitar el suministro de combustible hacia la isla, profundizando la política de sanciones y asfixia financiera.
Desde la Cancillería cubana se afirmó que la decisión se sustenta en acusaciones falsas y difamatorias, entre ellas la calificación de Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria”, un argumento que La Habana asegura, carece de sustento real y solo busca legitimar nuevas medidas coercitivas.
El comunicado advierte que Estados Unidos pretende imponer aranceles comerciales a países que suministren petróleo a Cuba, utilizando el chantaje económico y la coerción política para extender el cerco más allá de sus fronteras y condicionar las relaciones comerciales de Estados soberanos.
El gobierno cubano afirma que, esta orden ejecutiva constituye una violación flagrante del Derecho Internacional y atenta contra la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.
La Habana recordó que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos se mantiene desde hace casi siete décadas, sin lograr su objetivo de quebrar un proceso político soberano, basado en la justicia social, la independencia nacional y la cooperación internacional.
Asimismo, Cuba reiteró su disposición histórica al diálogo con Washington, siempre que este se base en la igualdad soberana, el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos, subrayando que la isla no representa amenaza alguna para la seguridad ni los intereses del pueblo estadounidense.
En el cierre del pronunciamiento, La Habana afirmó que la presión económica y el intento de provocar sufrimiento al pueblo cubano no doblegarán la voluntad nacional, y llamó a la comunidad internacional a rechazar el bloqueo, las sanciones unilaterales y el uso de la coerción como herramienta de política exterior.
