El Gobierno de Cuba denunció ante la Asamblea General de la ONU, que el cerco energético impuesto por Estados Unidos representa un «acto de guerra», al impedir el acceso de la isla a suministros de combustible mediante presiones, sanciones y acciones coercitivas.
La denuncia fue presentada por el canciller, Bruno Rodríguez, durante un debate urgente celebrado en Nueva York. El jefe de la diplomacia cubana afirmó que estas medidas han agravado la crisis energética que enfrenta la nación caribeña.
«Se impide el acceso de suministros de combustible a Cuba, tanto de carácter comercial como humanitario, mediante amenazas directas, acciones coercitivas unilaterales e incluso el acoso o el amedrentamiento de buques tanqueros por medios navales y militares de EE.UU.», declaró Rodríguez.
El representante de la isla, sostuvo que las restricciones energéticas tienen severas consecuencias para la población, al provocar prolongados cortes eléctricos que también afectan el suministro de agua potable.
Rodríguez, también recordó que la actual escalada comenzó tras la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 29 de enero, mediante la cual declaró una supuesta emergencia nacional respecto a Cuba. A esa decisión se sumaron aranceles para los países que comercialicen petróleo con la isla y sanciones contra la Unión Cuba-Petróleo, CUPET, profundizando las restricciones sobre el sector energético.
Cuba advierte sobre el costo económico y humanitario de las sanciones
Durante su intervención, Rodríguez aseguró que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos constituye una «guerra multidimensional no convencional» que se ha recrudecido en los últimos siete meses.
El ministro informó que los daños ocasionados por el bloqueo entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026 ascienden a 8.083 millones de dólares, un 7 % más que el periodo anterior.
Agregó que las pérdidas acumuladas durante más de seis décadas alcanzan los 178.700 millones de dólares, precisando que esas cifras aún no incluyen el impacto económico derivado del cerco energético impuesto a Cuba desde comienzos de este año.
