obligaciones de los estados para informar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre personas indocumentadas.
Los gobiernos estatales que no cumplan podrían enfrentar la retención de fondos federales destinados al Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y al Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), recursos dirigidos a familias vulnerables, adultos mayores y personas con discapacidad.
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Justicia amplía el alcance de la vigilancia migratoria
La nueva interpretación fue impulsada por el fiscal adjunto T. Elliot Gaiser y modifica un criterio vigente desde 1998, que limitaba el intercambio de información a las agencias encargadas de administrar esos programas sociales.
Con el nuevo dictamen, la obligación de entregar datos podría extenderse a otras dependencias estatales, lo que permitiría una mayor colaboración con las autoridades migratorias.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos anticipan una batalla judicial contra la medida y cuestionan que la Casa Blanca utilice recursos de asistencia social para presionar a los estados que se resisten a participar en las deportaciones.
Aumentan los operativos de ICE
El endurecimiento migratorio también se refleja en los tribunales. Según Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, en junio de 2026 fueron rechazadas el 94 % de las solicitudes de asilo.
Solo el 5,5 % de los casos fue aprobado, lo que representa 771 personas protegidas, una cifra muy inferior a la registrada en años anteriores. El descenso coincide con el nombramiento de cientos de jueces durante la administración Trump.
En paralelo, ICE desplegó operativos en al menos 15 aeropuertos con apoyo de la TSA y busca elevar las detenciones hasta 2.000 por día.
