Después de que un agente policial disparara mortalmente contra un adolescente de nombre Nahel Marzouk, el gobierno francés se ha visto en aprietos para contener las intensas protestas que ya han dejado miles de personas arrestadas y que ha llevado al mandatario Emanuel Macron a amenazar con censurar las redes sociales en ese país.
“Tomaremos en las próximas horas- hemos empezado a organizarlas ya- varias medidas. Primero eliminando los contenidos más sensibles relacionados con estas plataformas. Los servicios estatales se organizarán con estas plataformas para conseguir una respuesta eficaz. Espero de estas plataformas un sentido de responsabilidad”, indicó el presidente francés en una rueda de prensa.
Según Macron, se hará solicitud a las distintas empresas para averiguar la identidad de quienes utilicen las redes sociales “para incitar al desorden o exacerbar la violencia”. Además de esto, el gobierno francés alentó a la responsabilidad de los padres debido a que muchos de los arrestados son “muy, muy jóvenes”.
Por su parte el parlamento de Francia aprobó una ley donde se exigirá a todas las plataformas de redes sociales a exigir que toda persona menor de quince años compruebe tener el consentimiento de sus padres para poder gestionar una red social, de lo contrario no podrá ser usuario activo de estas herramientas.
“Las plataformas de internet y redes sociales están jugando un papel muy activo en los movimientos de estos últimos días, tanto en la organización de reuniones violentas como una especie de imitación de la violencia. Esto entre los más jóvenes provoca una especie de huida de la realidad”, señaló Emanuel Macron, durante una reunión de emergencia con su gabinete de gobierno.
La indignación ciudadana también se ha extendido a Bélgica y Suiza, donde varios manifestantes fueron detenidos tras protestar en solidaridad por la muerte del joven francés de origen argelino.
Varias organizaciones no gubernamentales han hecho un llamado a Francia para revisar sus procedimientos policiales. Solo el año pasado 13 personas fallecieron a manos de la policía francesa durante controles policiales. La portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al gobierno de ese país europeo a abordar “seriamente los problemas profundamente arraigados de racismo y discriminación entre las fuerzas del orden”.
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La mayoría de manifestantes y personas que participan en las protestas son procedentes de los suburbios que rodean las grandes ciudades de Francia. Según datos del Instituto Montaigne, los habitantes de estos sectores tienen “dos veces más probabilidad de ser inmigrantes y tres veces más probabilidades de estar desempleados”, por lo que la desigualdad y la pobreza son realidades que afectan a quienes se manifiestan contras las autoridades.
