El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de tres millones de páginas, junto a 180.000 imágenes y cerca de 2.000 videos, relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, en lo que constituye la mayor divulgación oficial realizada hasta ahora sobre la red de contactos del fallecido traficante sexual.
“La publicación marca el cierre de un proceso exhaustivo de identificación y revisión para garantizar transparencia ante el pueblo estadounidense”, afirmó Todd Blanche, fiscal general adjunto, al anunciar la liberación de los archivos.
Entre los documentos figuran informes psicológicos, registros carcelarios, detalles sobre la muerte de Epstein en 2019 y abundante correspondencia con figuras de alto perfil. En ese universo de archivos, el nombre del presidente Donald Trump aparece cientos de veces, confirmando una relación previa que el propio Trump ha reconocido públicamente.
Trump ha sostenido que rompió vínculos con Epstein años antes de que se conocieran sus crímenes, y la Casa Blanca aseguró que “las acusaciones contenidas en los archivos son infundadas y no verificadas”.
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La divulgación también incluye una lista recopilada por el FBI con denuncias recibidas a través de líneas de reporte, muchas de ellas sin sustento probatorio, lo que ha generado críticas sobre la forma en que el Departamento de Justicia manejó información sensible y acusaciones graves sin investigación concluyente.
La abogada Gloria Allred, representante de varias víctimas, calificó la publicación como “un desastre”, al denunciar que se expusieron nombres y fotografías de sobrevivientes que nunca habían sido identificadas públicamente.
Desde su muerte en agosto de 2019, Epstein se ha convertido en símbolo de un sistema que, según organizaciones de derechos civiles, falló en investigar a fondo a los poderosos, mientras permitió acuerdos judiciales favorables y silencios prolongados.
La liberación masiva de documentos, lejos de cerrar el caso, reactiva las sospechas de encubrimiento estructural en Estados Unidos y vuelve a colocar bajo presión a figuras políticas, incluido Trump, en un contexto donde las víctimas siguen reclamando verdad, responsabilidad y justicia real.
