El Gobierno de Chile, pondrá en vigor la Ley de Seguridad del Estado, en contra de los camioneros que protagonizan protestas de gran escala en todo el país, que solicitan mayor seguridad y reclaman por el alza en los precios del combustible.
“No es aceptable, no lo vamos a tolerar”, expresó, la vicepresidenta Carolina Tohá, añadiendo que “el gobierno ha decidido que va a invocar la Ley de Seguridad del Estado, como corresponde en casos como este, y eso es un hecho”.
La Ley de Seguridad, funciona desde el Estado para aplicar las máximas sanciones en contra de quienes identifique como “culpables” de distintos delitos, entre ellos, señala el vinculado a “afectaciones” a la normalidad de las actividades del país.
La medida llega, a pesar que el Gobierno de Boric lograra un acuerdo con cinco de las agrupaciones de camioneros que hacían el llamado a las huelgas, sin embargo, no fue suficiente, y las protestas se han prolongado ante las exigencias que el Ejecutivo no puede cumplir, ni llegar a un consenso definitivo con todos los involucrados.
“Ha habido grupos que han mantenido una interrupción del funcionamiento normal de las carreteras, lo que ha afectado a las personas, a la circulación y el abastecimiento en distintos puntos del país”, justificó Toha.
Al respecto, el presidente chileno, Gabriel Boric, determinó que “como presidente, he instruido a los ministros que utilicemos todas las herramientas del derecho para proteger el funcionamiento del país”, en una arremetida contra los ciudadanos que protestan.
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Exigencias y complicaciones generadas ante falta de consenso
Debido a la cantidad de huelgas desde el 21 de noviembre, muchas vías principales se mantienen parcialmente cerradas.
De acuerdo al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristián Allendes, ante la falta de acuerdo por parte del Gobierno y los manifestantes, la movilización ha complicado la logística “porque se da justo en el inicio de la temporada de cosecha más importante y de exportación de frutas, clave para la alimentación”.
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Los transportistas, exigen entre otras cosas, una rebaja de al menos el 30 % en el valor de todos los combustibles durante 6 meses; una propuesta que ha sido negada desde el Estado por Mario Marcel, titular de Hacienda, por tratarse de una situación “desproporcionada” y que implicaría un gasto de más de 6 mil millones de dólares para el Gobierno.
