México, por más de tres décadas estuvo regido a través de un modelo de gobierno caracterizado por una gran desigualdad social y económica. Las prácticas neoliberales de los regímenes políticos de ese periodo llevaron al país a convertirlo en un Estado carente de democracia y sin garantía de progreso.
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No obstante, la nación comenzó a dar un giro tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia; con un proyecto político que propuso enterrar el pasado oscuro y eliminar los niveles de corrupción en todo el aparato gubernamental.
En agosto del año pasado el Gobierno de Andrés, solicitó al Senado de la República la aprobación de una Consulta Popular que convocara al pueblo a votar para decidir si se debía enjuiciar a los expresidentes de México de los periodos 1988 a 2018.
Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, serían lo exmandatarios sometidos a investigación, por haber cometido distintos delitos durante su administración.
Durante declaraciones brindadas a la prensa, López Obrador explicó las razones por las que se debía iniciar un proceso contra los gobiernos de ese tiempo; «privatizaron bienes públicos, se apoderaron y secuestraron al gobierno, para crear negocios privados que perjudicaban al pueblo mexicano y respondían los intereses de una élite», sostuvo.
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Entre los delitos que se les imputarían a los exmandatarios están el uso electoral de programas sociales, corrupción, robo de hidrocarburos, a casa habitación y a transporte de carga, feminicidio y abuso sexual contra menores.
El proceso de Consulta Popular avalado por la Corte Suprema de Justicia y organizada por el Instituto Nacional Electoral se llevó a cabo el primero de agosto del año 2021, donde más de 93 millones de mexicanos fueron convocados, a fin de que formen parte de la iniciativa que marca la historia de la nación latinoamericana.
Por su parte, ciudadanos dijeron a medios de comunicación que, la iniciativa impulsada por el Gobierno mexicano, es un esfuerzo para exigir justicia, que se da mediante un mecanismo formal y de democracia directa.
