El Estado de Colombia, a través de la petición del presidente, Gustavo Petro, ha decidido suspender la erradicación de manera forzada en los cultivos de coca, asegurando que la activación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), será capaz de erradicar estas siembras ilegales.
Las medidas implementadas, cambian la estrategia de combate contra las drogas, pero no aparta por completo la erradicación forzada. Las autoridades afirman que están duplicando sus esfuerzos para convencer a los campesinos, para que dejen este acto ilegal de manera voluntaria y adopten cultivos alternativos; de no funcionar, el Gobierno continuará con su antigua estrategia.
Entre las suspensiones, destaca la de fumigación aérea en los cultivos, que durante años fue criticada por defensores de los derechos humanos y organizaciones medioambientales por sus afectaciones en la flora y fauna.
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La medida representa un cambio en la política antidroga colombiana, que lleva tiempo tratando de frenar las exportaciones a países como Estados Unidos.
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En años anteriores, la erradicación forzada ha generado enfrentamientos entre policías y agricultores, ocasionando en el peor de los casos, la muerte de agentes policiales y de campesinos que protegían sus tierras.