Con la aprobación por parte del Congreso de Chile de la Ley “Naín-Retamal”, también llamada “gatillo fácil”, una ola de controversia se levanta dentro del país, por los altos niveles de inseguridad, y ante la autorización del uso de las armas a criterio de la policía militarizada, sin repercusiones legales.
La ley recién aprobada, tuvo un aceleramiento en su proceso con el asesinato de la sargenta Rita Olivares, quien fue acribillada mientras realizaba un procedimiento policial el pasado 26 de marzo.
Policías exentos de responsabilidad criminal
De acuerdo a lo estipulado por el estatuto, se busca legitimar la defensa de los policías y en el caso de llegar al uso de armas, se presumirá como “correctamente empleadas” y se les deja como “exentos de responsabilidad criminal”.
Sin embargo, se ha asegurado que la propuesta perjudica el acceso a la justicia para víctimas de abusos, favoreciendo de esta forma la impunidad.
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Expertos en derechos humanos, opinan que la Ley “Nain-Retamal”, no soluciona la problemática relacionada a la delincuencia, además, es posible una disminución en la rendición de cuentas de los policías; y todo se ve relacionado con la casi nula agenda por parte del presidente Gabriel Boric, con respecto a la seguridad de los ciudadanos.
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En el año 2022, se registró un alarmante aumento del 33,4 % en la tasa de homicidios en comparación con el año anterior, según datos de la subsecretaría de Prevención del Delito, situándola como la segunda más alta en América Latina, solo detrás de Ecuador. Además, los robos con violencia e intimidación y los robos de automóviles también experimentaron un crecimiento significativo, con un 63,1% y un 39,8% respectivamente.
