El asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, ha generado un impacto devastador en Ecuador, subrayando una alarmante ola de violencia dirigida contra las instituciones del país.
El Gobierno ha respondido a esta crisis mediante la implementación de un nuevo decreto ejecutivo que establece un “Estado de excepción”, efectivos en todo el territorio nacional durante los próximos 60 días, sin incluir medidas de toque de queda.
En virtud de este “Estado de excepción”, las Fuerzas Armadas ecuatorianas serán movilizadas para colaborar con las fuerzas policiales en acciones dirigidas a contrarrestar la inseguridad.
Asimismo, se ha otorgado a las autoridades la facultad de realizar inspecciones y requisas en viviendas con el objetivo de encontrar armas, explosivos y drogas, suspendiendo temporalmente el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia.
El Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció que una delegación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EE.UU. se unirá a las labores de investigación en torno al asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Esta cooperación internacional, según Lasso, buscará esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
Violencia en alza en Ecuador
El incremento constante de la violencia en el país ha llevado a la promulgación de 15 estados de excepción desde mayo de 2021, cuando Guillermo Lasso asumió la Presidencia, según reveló el medio local Expreso en marzo de 2023. Esta última declaración de excepcionalidad, en respuesta al trágico asesinato de Villavicencio, se suma a una serie de medidas similares adoptadas anteriormente, como la de octubre de 2021, motivada por el aumento de la actividad delictiva.
Este sombrío panorama ha llevado a la autorización de las fuerzas de seguridad para emplear la fuerza en situaciones de control del orden público, protección interna y seguridad ciudadana.
Homicidios en aumento
De esta manera, se refleja una tendencia preocupante en un contexto en el cual los homicidios intencionados han experimentado un aumento drástico del 268.2 % desde 2014, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
El país también se enfrenta a una creciente tasa de muertes violentas, cerrando el año 2022 con la cifra más alta de su historia: 25 por cada 100 mil habitantes. Esta problemática se atribuye principalmente al crimen organizado y al narcotráfico, que han fortalecido su presencia en varias provincias costeras.
La violencia no ha perdonado a la clase política ecuatoriana. El asesinato de Fernando Villavicencio se suma a una serie de trágicos eventos que incluyen el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y del candidato a asambleísta Rider Sánchez.
La seguridad de los funcionarios y candidatos ha llevado a la adopción de medidas adicionales, con alcaldes, regidores, candidatos a la Asamblea Nacional, binomios presidenciales, prefectos y viceprefectos resguardados por las fuerzas de seguridad.
Reacciones tras el asesinato de Villavicencio
El exmandatario ecuatoriano, Rafael Correa, emitió una declaración a través de sus redes sociales desde su lugar de exilio en Europa, en relación al asesinato de Villavicencio.
“Han asesinado a Fernando Villavicencio. Ecuador se ha convertido en un Estado fallido. Dueles Patria. Mi solidaridad con su familia y con todas las familias de las víctimas de la violencia. Los que pretenden sembrar aún más odio con esta nueva tragedia, ojalá entiendan que aquello tan solo nos sigue destruyendo”, publicó Correa.
Verónica Saráuz, la viuda de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial asesinado en Ecuador el 9 de agosto, ha emitido una declaración en la que enfatiza la importancia de que el crimen no quede impune. En sus palabras, Saráuz subraya que es fundamental que se haga justicia y se identifiquen y responsabilicen a los culpables de este trágico suceso.
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“Falló el equipo de seguridad de Fernando. Falló el jefe de logística. El jefe de seguridad falló. Fernando debió salir por la puerta de atrás, como lo hizo el General Patricio Carrillo con la escolta de la Policía”, declaró Verónica Saráuz a medios de comunicación.
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En este contexto, Ecuador afronta una encrucijada crítica. El país busca respuestas y soluciones para combatir la violencia que amenaza sus instituciones y ciudadanía. El enfoque en la seguridad exige la colaboración y el esfuerzo conjunto con los organismos gubernamentales, la sociedad civil y la ciudadanía en general que son pilares fundamentales en el camino hacia un país menos inseguro.
