La administración de Donald Trump ha iniciado la deportación de migrantes indocumentados utilizando aviones militares, agudizando las políticas antiinmigrantes de Estados Unidos.
Los primeros vuelos despegaron desde Biggs Army Air Field, en Texas, con destino a Guatemala. El Departamento de Defensa proporcionó dos aviones C-17 y dos C-130E para estas operaciones.
Sin embargo, el costo de estos vuelos ha despertado críticas, ya que operar un C-17 cuesta aproximadamente 21.000 dólares por hora y un C-130E entre 68.000 y 71.000 dólares, cifras muy superiores a los vuelos comerciales alquilados por el DHS, cuyo promedio es de 8.577 dólares por hora.
La medida, impulsada por la declaración de emergencia nacional en la frontera, busca acelerar las deportaciones sin contemplar audiencias judiciales.
Además, Trump firmó decretos que amplían los poderes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para realizar arrestos en áreas sensibles como escuelas e iglesias y terminar con la ciudadanía por nacimiento, decisión que enfrenta oposición legal.
Deportaciones militares desatan debate por costos y legalidad
Entre 75 y 80 migrantes fueron repatriados en los primeros vuelos, mientras el Pentágono evalúa cómo financiar esta operación dentro de su presupuesto de emergencia.
Expertos advierten que, sin fondos adicionales asignados por el Congreso, los costos podrían afectar otras prioridades militares.
Esta ampliación de expulsión acelerada ha provocado un intenso debate, por su impacto financiero y las implicaciones legales de las medidas implementadas por la administración Trump.
