La nueva directriz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha generado fuertes críticas de organizaciones civiles, al permitir detenciones en domicilios basadas en órdenes administrativas.
Según activistas y expertos legales, la medida contradice protecciones históricas de la Cuarta Enmienda de la Constitución y marca un giro drástico en la política migratoria impulsada por la Administración de Donald Trump. La información fue confirmada por documentos obtenidos por la agencia AP.
“El derecho de las personas a la seguridad de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros e incautaciones irrazonables no será violado, y no se expedirán órdenes judiciales sino con causa probable, apoyada por juramento o afirmación”, sostiene la Constitución de los Estados Unidos, Cuarta Enmienda.
Defensores de derechos civiles advierten que la nueva práctica sepulta décadas de jurisprudencia de la Corte Suprema, que prohíbe el ingreso a viviendas sin orden judicial.
En ese marco, se han reportado allanamientos forzados, arrestos en puntos de control y detenciones de personas con procesos migratorios en curso, incluso ciudadanos estadounidenses, en estados como California, Nueva York y Minnesota.
Las denuncias se intensificaron tras la detención de menores y la muerte del migrante cubano Geraldo Lunas Campos en un centro de ICE en Texas, caso que una autopsia calificó como homicidio.
Organizaciones humanitarias sostienen que estas acciones evidencian una escalada represiva que vulnera derechos fundamentales y profundiza la crisis humanitaria vinculada a la política migratoria estadounidense.
