El proceso judicial por la masacre perpetrada en Sacaba, Cochabamba, durante el golpe de Estado de 2019 en Bolivia, no tendrá ningún privilegio para la expresidenta interina de ese sangriento período, Jeanine Áñez, quien enfrentará a la Justicia en la vía ordinaria por genocidio, asesinato y asesinato en grado de tentativa.
El Ministerio de Justicia del Estado Plurinacional, autorizó la investigación penal contra Áñez, por los 10 manifestantes asesinados y 36 heridos del 15 de noviembre de 2019, en Sacaba, durante el Decreto 4.078 que eximía de cualquier responsabilidad a militares y policías ante la cruenta represión que sufrían miles de bolivianos.
Derecho a la verdad es fundamental para las víctimas y familiares en Bolivia
En el comunicado del ente boliviano se detalló que, “el juez Israel Claros autoriza el inicio de investigación penal contra exsenadora Jeanine Áñez por la Masacre de Huayllani (Sacaba), por los delitos de genocidio y asesinato en la vía ordinaria. El derecho a la verdad es fundamental para las víctimas».
La defensa de Áñez, aduce que ha solicitado que la imputada sea procesada a través de un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), sin embargo, su caso es llevado de forma ordinaria.
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El Ministerio Público enfatizó sobre “el derecho a las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar, y en su caso, sancionar a los eventuales responsables”.
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La Justicia de Bolivia, a mediados de 2022, declaró culpable a Áñez por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a las leyes y a la Constitución Política del país, y la condenó a diez años de prisión.
