Amplios sectores del pueblo venezolano permanecen movilizados desde el sábado 3 de enero en calles y plazas de diversas ciudades, denunciando la operación militar ejecutada por Estados Unidos y exigiendo la restitución inmediata del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Las concentraciones reflejan un masivo rechazo popular a lo que califican como una «agresión directa» contra la soberanía nacional.
Las protestas se producen en respuesta a la acción militar que, según relatan los manifestantes, incluyó bombardeos y concluyó con el traslado forzoso de Maduro y su esposa fuera del país. Los asistentes denuncian que este hecho, ocurrido en la madrugada del sábado, configura una acción sin precedentes contra un mandatario en ejercicio electo democráticamente.
Los manifestantes sostienen que este ataque no es aislado, sino parte de una política sostenida de hostigamiento de Washington. Entre las acciones señaladas incluyen operaciones militares en el Caribe, un «bloqueo naval de facto» y la incautación de cargamentos de petróleo venezolano, actos que consideran carentes de respaldo legal internacional.
Desde el punto de vista del derecho internacional, los organizadores de las marchas argumentan que estas prácticas constituyen graves violaciones a la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza y la injerencia en los asuntos internos de los Estados, vulnerando principios fundamentales como la soberanía y la autodeterminación.
El llamado final de los concentrados es doble: exigen una respuesta firme de la comunidad internacional para detener las agresiones y reclaman, de manera central, el fin inmediato de las acciones y el regreso del presidente Maduro y su esposa, en respeto a la voluntad popular.
