La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en su informe “Impacto y Tendencias Humanitarias entre enero y diciembre de 2021”, anunció que “en 2021 se observó un incremento del 57 % en el número de emergencias por desplazamiento forzado”, en las cuales, «al menos 73.900 personas (181 % más que en 2020) fueron forzadas a desplazarse de sus territorios de origen».
Según el informe, la mayoría de estos desplazamientos se deben a la presencia de grupos irregulares armados que amedrentan a la población civil. También, de acuerdo al informe es en el Pacífico colombiano donde se manifiesta más esta problemática. Por ejemplo: Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño concentran el 75 % de las emergencias por desplazamiento masivo y confinamiento, reportadas en 2021.
Paramilitarismo, el principal responsable
Entre enero y diciembre del año 2021, 72 mil 300 personas fueron forzadas a desplazarse en 159 emergencias masivas. El 33 % de estos desplazamientos se debieron a amenazas de Grupos Armados No Estatales (paramilitares) en contra de la población civil. Según el informe, solo el 26 % de las personas afectadas han logrado retornar a sus hogares.
Sumado a esto, se reportaron 2 mil 200 ataques contra la población civil, que corresponde a un 36 % más que las cifras registradas durante el mismo período el año pasado.
Además del desplazamiento forzado, el confinamiento obligado es otro fenómeno que ha registrado incremento. El 32 % de estos fueron consecuencia directa de amenazas contra la población civil. Por otra parte, el 18 % resultaron producto de enfrentamientos armados en las zonas en cuestión. La contaminación por minas antipersonales y municiones sin explotar, también han contribuido al confinamiento en ese país.
Los más afectados son los afrodescendientes con un 42 % de la población afectada, seguida por pueblos indígenas que albergan el 15 % de la población forzada a desplazarse o a confinarse producto del actuar paramilitar.
“Los militares actúan de manera profundamente clasista”
Después de los Acuerdos de Paz, 11 mil 200 combatientes pasaron a la vida civil. No obstante, grupos armados rivales de la extinta FARC, pasaron a tomar control de los antiguos territorios donde la guerrilla operaba. El narcotráfico, la zona fronteriza con Venezuela que sirve como corredor de contrabando y otros negocios ilícitos como la minería ilegal, son los principales rubros que estos grupos intentan controlar.
Defensores de Derechos Humanos, también han denunciado la complicidad en parte de las fuerzas armadas y policiales colombianas con grupos paramilitares, especialmente cuando estos sirven como fuerzas de apoyo represivas. Andrés Camilo Rodríguez, defensor de DD.HH. en Colombia, asegura que existe «una alineación» de vieja data entre las élites políticas compuestas por sectores empresariales, políticos, medios de comunicación, fuerza pública y mafias ilegales”.
“Existe una extrema militarización en las zonas más empobrecidas, mientras que en los sectores de clase media hay un comportamiento diferente (…) Los militares hoy están actuando de una manera profundamente clasista», aseveró Rodríguez a medios de comunicación.
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Estas declaraciones adquieren sentido cuando las cifras indican que más de la mitad de los afectados por las zonas violentas de Colombia son afrodescendientes e indígenas y que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 37 % de los primeros y el 55% de los segundos, se encuentran en situación de pobreza.
Sin lugar a dudas, la situación de violencia que ha sufrido Colombia durante décadas, no solo ha dejado miles de desplazamientos forzados, sino un rastro de muerte y luto que marca la historia de varias generaciones en esa nación latinoamericana.
