La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó, en primera legislatura, la creación de la Procuraduría General de Justicia, una nueva entidad que liderará la lucha contra la corrupción y defenderá los intereses de las familias y el pueblo del país latinoamericano.
Para esta iniciativa, el Parlamento aprobó la reforma de los artículos 132, 159 y 160 de la Constitución Política de la República de Nicaragua.
“La Copresidencia de la República ha orientado la creación de una Procuraduría General de Justicia que, en conjunto con las Instituciones correspondientes, identifique, persiga, procese y penalice, castigando firmemente, sin ninguna consideración” a los corruptos, detalla el documento oficial de la Asamblea Nacional.
La Procuraduría General de Justicia asumirá funciones de representación legal, acusación penal y resguardo del patrimonio público.
Además, se le atribuye el deber de actuar con “rigor” contra delitos como lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado.
El titular del nuevo organismo será nombrado por la Copresidencia de la República de Nicaragua y contará con recursos garantizados para el cumplimiento de sus funciones.
Asimismo, la institución reemplazará a la Procuraduría General de la República y agrupará funciones del Ministerio Público y otros entes similares.
“Todo acto que vulnere nuestras Leyes de Probidad y atente contra los Intereses Supremos de la Patria y el Pueblo, será sancionado con las máximas penas establecidas en nuestros Códigos”, cita el texto emitido por el Parlamento nicaragüense.
