El Gobierno de Nicaragua rechazó las pretensiones de imponer autoridades religiosas por parte del Estado Vaticano, calificando esta intromisión como “un insulto a la Soberanía y Dignidad del Estado nicaragüense”.
Según la Constitución del país, reformada en 2025, “el Estado nicaragüense es Laico y promueve el Respeto a todos los Credos Religiosos, sin distingos o preferencias”. El gobierno enfatizó que, mientras algunas iglesias han acompañado con lealtad y espiritualidad al pueblo, otras han promovido la discordia con intenciones políticas.
El pronunciamiento también rechaza cualquier intento del Vaticano de intervenir en asuntos internos, afirmando que “sin ninguna autoridad política supranacional, el Estado Vaticano pretende disponer sobre Cargos y Poderes en Nicaragua”, en referencia a nombramientos eclesiásticos otorgados a personas que han perdido la nacionalidad nicaragüense por incurrir en actos ilícitos.
El gobierno denunció además la estrategia de ciertos sectores eclesiásticos que, “con disfraces y máscaras de benevolencia y farisaico misticismo”, buscan socavar la estabilidad del país. En este sentido, reafirmó que “toda conducta jurídicamente inadmisible, y por lo tanto ilícita e ilegal, se considera ofensiva a la Dignidad, Decoro y Libertades de nuestro Pueblo”.
El comunicado hace un llamado a la defensa de la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua, advirtiendo que “sus inmorales adefesios y esperpentos, disfrazados de Pastores, aquí Ni Volverán, Ni Pasarán”. El gobierno nicaragüense reiteró su compromiso con la paz, la justicia y la independencia nacional.
