Nicaragua destacó la importancia de la creación del Mapa Geopolítico de Sanciones creado por el gobierno venezolano, el cual documenta las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Occidente a más de 30 países en todo el mundo.
En ese contexto, Denis Moncada, canciller de Nicaragua, en el marco del 78º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), agradeció al Gobierno de Venezuela por la convocatoria al evento de lanzamiento del Mapa Geopolítico de Sanciones.
“Este importante instrumento nos permite abordar la problemática global de acciones hegemónicas que inciden en millones de personas y que sigue generando un gran daño a nuestros pueblos”, aseguró el diplomático nicaragüense.
Nicaragua rechaza política de medidas coercitivas
Asimismo, Moncada añadió: “La imposición de medidas coercitivas unilaterales está siendo utilizadas por las potencias imperialistas y neocolonialistas de Occidente como instrumento de agresión en contra de naciones que defienden su soberanía, independencia, autodeterminación; que actúan con solidaridad internacional luchando por un mundo multipolar sin imposiciones”.
Cuba, Venezuela, Nicaragua, Zimbabue, China, Rusia, Irán, Siria, la República Popular Democrática de Corea, entre otros países, forman parte de la lista de naciones que han recibido sanciones a raíz de la política hegemónica de Occidente, detalló el representante del Ministerio de Exteriores de la nación latinoamericana.
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En este sentido declaró, que “el grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, debe continuar denunciando estas sanciones, fortaleciendo la unidad en la diversidad, para hacer frente a estas políticas ilegales y violatorias del derecho internacional, el derecho al desarrollo que transgreden la Carta de Naciones Unidas y que obstaculizan nuestros planes de desarrollo y la erradicación de la pobreza”.
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Nicaragua reiteró su apoyo a Venezuela y a todos los miembros participantes, reafirmando su compromiso de continuar condenando y exigiendo el fin de estas medidas, las cuales generan “un impacto negativo en la cooperación, el comercio y el desarrollo sostenible al que todos los pueblos tienen derecho”.
