En una audiencia cargada de tensión política, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este lunes «prisionero de guerra» e inocente ante un tribunal federal de Nueva York. Compareciendo ante el juez Alvin Hellerstein, el mandatario, secuestrado el sábado durante una operación militar estadounidense, rechazó los cargos de narcoterrorismo y conspiración, afirmando: «Soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país». Su esposa, Cilia Flores, también se declaró «completamente inocente».
El juez Hellerstein informó a la pareja sobre los cargos, que incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas en apoyo al supuesto «Cártel de los Soles». Los fiscales los acusan además de colaborar con organizaciones criminales designadas como terroristas. Las penas por estos delitos oscilan entre 20 años y cadena perpetua.
Maduro, quien vistió una camiseta negra y utilizó auriculares para la traducción, narró su captura al magistrado: «Me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas». Su abogado defensor, Barry Pollack –conocido por haber defendido a Julian Assange–, calificó la detención como un «secuestro militar» y no solicitó la libertad bajo fianza por el momento, dejando abierta la posibilidad para más adelante.
La defensa de la primera dama reveló un dato alarmante: Mark Donnelly, abogado de Flores, denunció que su clienta sufrió «lesiones importantes», incluyendo graves hematomas en las costillas durante el operativo, y solicitó exámenes médicos urgentes. Ambos acusados aceptaron ejercer su derecho a una visita consular.
La fiscal general Pamela Bondi había advertido previamente que Maduro y Flores «pronto se enfrentarán a la ira de la Justicia estadounidense». El juez fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo, ordenando que el presidente venezolano permanezca bajo custodia hasta entonces en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
La comparecencia judicial es el epílogo de la operación militar del sábado, que Caracas denunció como una «gravísima agresión» para apoderarse de los recursos venezolanos. Mientras, en Venezuela, el Tribunal Supremo ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir como presidenta encargada, y múltiples países, encabezados por Rusia, han exigido la liberación de los detenidos, intensificando una crisis internacional sin precedentes.
