Legisladores de Nuevo México iniciaron una investigación sobre actividades de abusos y tráfico sexual en el Zorro Ranch, propiedad del financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein, y sobre si autoridades locales incurrieron en omisiones.
Asimismo, reportes previos indicaron que Epstein habría planteado, la idea de utilizar la propiedad como un “rancho de bebés” donde embarazaría a múltiples mujeres, como parte de un supuesto plan para “propagar su ADN”. Sin embargo, esa versión no formó parte de los cargos judiciales presentados en su contra.
“Ese perpetrador no pudo actuar solo. No pudo dirigir una red sexual solo, no pudo cometer este tipo de delitos financieros solo. Así que sabemos, como comisión, que quienes lo facilitaron también deben rendir cuentas, incluido el propio estado si es necesario”, afirmó la representante demócrata Marianna Anaya.
El Legislativo aprobó la creación de un comité especial para investigar “actividad criminal y corrupción pública” en el rancho, ubicado en el condado de Santa Fe y compuesto por más de 4.000 hectáreas.
La resolución señala que la falta de investigación y la inacción podrían afectar la seguridad y la confianza pública en el gobierno estatal.
Las víctimas han mencionado la propiedad en múltiples ocasiones. Virginia Giuffre afirmó haber visitado el rancho en varias oportunidades, mientras que Annie Farmer testificó en el juicio contra Ghislaine Maxwell que sufrió abusos tras ser llevada allí cuando tenía 16 años.
Propietarios del rancho
Epstein adquirió el rancho en 1993 al exgobernador demócrata Bruce King y construyó una mansión con pista de aterrizaje privada.
Tras su muerte, la propiedad fue vendida en 2023 a la familia del político texano Don Huffines, cuyos ingresos se destinaron a acreedores; el nuevo propietario anunció planes para convertirla en un retiro cristiano.
El caso ha reavivado cuestionamientos sobre por qué el rancho no fue registrado en investigaciones previas, pese a que otras propiedades de Epstein sí fueron inspeccionadas tras su arresto en 2019.
En paralelo, el escrutinio nacional sobre el manejo de documentos y responsabilidades en el caso continúa generando presión política y judicial en Estados Unidos.
