La gestión gubernamental del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se ha destacado con un 70 % de aprobación entre los países de América. El grado de aceptación del mandatario ha sido creciente y continuo, desde que el Frente Sandinista retornó al poder en el año 2007. No obstante, estos números no aparecen de la nada, sino que se sustentan en una serie de factores económicos y sociales que han convertido al país centroamericano en una referencia y modelo a nivel internacional.
La gratuidad de la salud y la educación se han convertido en dos íconos claves del Gobierno del mandatario sandinista. Anteriormente, tras la pérdida, por parte de los sandinistas, de las elecciones en 1990, los nuevos gobiernos emprendieron un proceso de “autonomía” de la educación y privatización del sector salud.
La autonomía escolar implicaba, entre otras medidas, el transferir a los padres, docentes y comunidad en general, una amplia cuota de responsabilidad en el manejo del sistema educativo y en la administración de las escuelas. Esto convertía a los maestros en “cobradores de las cuotas mensuales de sus propios estudiantes”, según palabras del ex ministro de educación, Miguel De Castilla.
En comparación con el año 2007, la inversión en educación supuso un aumento del 381 %. En el año 2022 Nicaragua destinó el 23 % de su presupuesto anual a la educación para un total de 21 mil 151.4 millones de córdobas. De más no está decir que la educación en Nicaragua es completamente gratuita en los niveles básicos, técnicos y superiores desde el año 2007.
En materia de salud, Nicaragua cuenta con la mayor red hospitalaria pública de la región Centroamérica. Son 79 hospitales públicos en buen estado al servicio de la población, con 11 mil 732 camas, 82 laboratorios clínicos, 1 planta de vacunas y dos aceleradores lineales para el tratamiento del cáncer.
Además, el país cuenta con una red de salud comunitaria que permite un total de más de cinco millones de visitas casa a casa para el manejo de enfermedades estacionarias o por el difícil acceso de algunos sectores poblacionales a infraestructura hospitalaria.
Sumado a esto, Nicaragua cuenta con la mejor red vial de Centroamérica, con 235 kilómetros de carreteras completamente nuevos construidos hasta el año 2021 y con una proyección de 409.98 kilómetros para el período 2021-2026.
Los últimos informes publicados por el Banco Central de Nicaragua, a pesar de la pandemia de la Covid-19 en 2020, un intento fallido de golpe de Estado en 2018 y el impacto de dos potentes huracanes en noviembre de 2020, el país ha logrado recuperarse notoriamente.
Según los informes, el empleo creció un 3.7 % al cuarto trimestre del 2021, los Ingresos Fiscales crecieron un 26.9 % y la Inversión Pública un 38 %. El aumento de flujos externos y exportaciones incrementaron un 29.5 %, las importaciones 41 % y la Inversión Extranjera Directa bruta incrementó un 52.7 %.
Te puede interesar: Centroamérica y el Caribe apuestan por la energía solar
De la misma forma, se detalla que dicha recuperación económica “fue respaldada por un marco de políticas públicas enfocadas en garantizar la estabilidad macroeconómica, con una política fiscal prudente, una política monetaria laxa, una supervisión bancaria efectiva y políticas sectoriales enfocadas en diversos objetivos, destacándose dentro de estas, el avance en la campaña de vacunación. Así mismo, la recuperación se sustentó por el mantenimiento de la libre movilidad, sin políticas de confinamiento forzado”.
La estrategia implementada por el Gobierno de Ortega se ha basado en el Gasto Social acompañado de Inversión Pública; el financiamiento externo con sostenibilidad de la Deuda Pública y un déficit fiscal sostenible, que a largo plazo ha permitido un crecimiento y desarrollo con transformación socioeconómica.
Vea también: Nicaragua rompe récords de exportaciones
Los lineamientos según el Gobierno han sido, la garantía de financiamiento de programas y proyectos; la prestación y mejora de bienes y servicios públicos, la paz y seguridad ciudadana a través de un modelo preventivo, el mantenimiento de subsidios de mayor impacto y rentabilidad social, el apoyo a la sostenibilidad de la seguridad social, protección del empleo público, para asegurar la cobertura de servicios básicos y una administración prudente de la deuda y la honra de los compromisos.
