El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ha anunciado su solicitud al Tribunal Electoral para que convoque una consulta popular el domingo 17 de diciembre.
El pueblo panameño debe decidir sobre la derogación o aprobación de la Ley 406, que rige el contrato entre el Estado panameño y la compañía Minera Panamá para la explotación de cobre.
Este anuncio se produce en un contexto de protestas masivas en Panamá, lideradas por sindicatos y organizaciones sociales que expresan su preocupación por los posibles impactos ambientales y otras cuestiones relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Minera Panamá.
Prohibición de minería y consulta popular en Panamá
El presidente de Panamá expresó: «Mediante la participación ciudadana y el voto, podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento. El pueblo es soberano», apostilló.
Además, el mandatario panameño anunció su intención de elevar a ley la prohibición de la minería metálica en todo el país, sin proporcionar detalles específicos al respecto.
Asimismo, Cortizo ha firmado un decreto que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones en este sentido, aunque estas medidas no han logrado poner fin a las manifestaciones.
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El nuevo contrato de concesión, aprobado por ley y promulgado el 20 de octubre, establece un acuerdo de 20 años con la compañía Minera Panamá, una subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum Minerals, con la posibilidad de renovación por 20 años adicionales.
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Sin embargo, este contrato ha sido objeto de críticas y rechazo por parte de sindicatos, profesionales, religiosos, ambientalistas y organizaciones no gubernamentales, que consideran que no responde a los mejores intereses del país y plantea riesgos para el medio ambiente y la biodiversidad.
