Daniel Noboa ganó las elecciones presidenciales en Ecuador, al obtener el 52.01 % de los votos frente al 47.99 % de la candidata, Luisa González, según el recuento del 97.3 % de las actas; en medio de una crisis de violencia en las calles ecuatorianas.
El presidente electo se enfrenta a un escenario de alta inseguridad y violencia que ha afectado a Ecuador durante los últimos tres años, colocándolo entre los países más peligrosos de la región, con una cifra récord en 2022 de 4,600 muertes violentas.
Según un comunicado emitido a mediados de 2023 por la Policía Nacional del Ecuador: “La principal problemática del Ecuador en relación con la geopolítica del narcotráfico está dada por su ubicación territorial junto a Colombia y Perú, principales productores de cocaína en el mundo, así como por la debilidad en los controles integrados de frontera que facilitan el ingreso de droga que posteriormente es transportada a puntos estratégicos del perfil costero y Guayaquil”.
Candidatos utilizaron chalecos antibalas
La situación crítica ha llevado a que tanto Noboa como su rival, Luisa González, utilicen chalecos antibalas en todas sus apariciones públicas, mientras cerca de 90,000 militares y policías resguardaron los comicios electorales.
Además, Noboa asume la responsabilidad de abordar una situación económica delicada, caracterizada por un creciente déficit. Esta problemática se ha exacerbado debido a la disminución de los beneficios de la exportación de petróleo, un componente fundamental de la economía ecuatoriana.
En su campaña, el presidente electo se comprometió a hacer frente a la ola de violencia que afecta al país, prometiendo un enfoque de “mano dura” contra la criminalidad.
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Su plan incluye una amplia reforma del sistema judicial y carcelario, así como inversiones sustanciales en educación e infraestructura pública. Según Noboa, estas medidas son esenciales para abordar las raíces del crimen en Ecuador.
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Noboa asumirá el cargo de la presidencia y dirigirá el país hasta el año 2025, completando así un periodo extraordinario tras la salida de Guillermo Lasso del poder, y con una Asamblea Nacional disuelta mediante la declaración de “muerte cruzada”.
