La segunda audiencia judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores finalizó en Nueva York sin una decisión definitiva, dejando en evidencia tensiones legales y políticas en el proceso.
El juez federal Alvin Hellerstein anunció que evaluará próximamente si autoriza el uso de fondos venezolanos para la defensa, aunque descartó cerrar el caso en esta etapa.
Durante la sesión, la defensa sostuvo que las sanciones impuestas por Estados Unidos limitan gravemente las garantías procesales de ambos dirigentes, al impedirles acceder a recursos legítimos para contratar abogados.
En ese sentido, argumentaron que se trata de “una interferencia directa en el derecho fundamental a una defensa adecuada”.
Maduro y Flores permanecieron atentos durante toda la audiencia, utilizando equipos de traducción y tomando notas del desarrollo judicial.
Sus abogados reiteraron que no cuentan con medios propios para costear su representación legal, por lo que el Estado venezolano debería asumir esos gastos como corresponde.
“No pueden pagar su defensa por sí mismos y el Gobierno venezolano debe poder cubrir los honorarios legales”, enfatizaron.
El juez Hellerstein, por su parte, expresó dudas frente a los argumentos de la fiscalía sobre el uso de sanciones como herramienta en este caso, y cuestionó la falta de claridad sobre otras fuentes de financiamiento.
Antes de la comparecencia, que duró una hora aproximadamente, Donald Trump adelantó que “se preparan nuevos procesos judiciales contra Maduro”.
Paralelamente, el gobierno venezolano expresó su respaldo a ambos dirigentes y llamó a defender sus derechos, mientras simpatizantes se movilizaron en la Plaza Bolívar para exigir su liberación.
