La administración de Donald Trump canceló los contratos con organizaciones que apoyan legalmente a menores migrantes no acompañados, afectando a 26,000 niños y dejándolos en una situación de vulnerabilidad legal.
Los abogados que defienden a los menores enfrentan amenazas legales, y la cancelación de fondos rompe una condición de 20 años de protección legal para los migrantes, establecida por una ley del Congreso.
Esta legislación impedía que los niños fueran enviados a centros de detención para adultos y garantizaba que no fueran repatriados a situaciones de peligro.
Cristel Martínez, abogada especializada en migración, denunció que “el gobierno afirma que los menores pueden defenderse solos”, lo que pone en peligro sus derechos.
Con la cancelación de los contratos, los abogados ya no tendrán acceso a intérpretes, lo que dificulta aún más su labor. Además, un memorando de la Casa Blanca acusa a las organizaciones de manipular el sistema judicial para obtener más recursos públicos.
Ante estas amenazas, la defensora Lindsay Toczylowski afirmó que los abogados seguirán luchando por los derechos de los migrantes, a pesar de las presiones. “Estamos del lado correcto de la historia”, afirmó.
