
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó una suspensión temporal de la Ley de la Marina Mercante de 1920, conocida como Ley Jones, durante un período de 60 días, con el objetivo de reducir los costos del transporte marítimo de petróleo entre puertos nacionales.
La decisión se produce en un contexto marcado por el incremento sostenido de los precios energéticos y la presión sobre el mercado interno estadounidense.
Esta normativa centenaria establece que el traslado de mercancías entre puertos del país debe realizarse exclusivamente en embarcaciones de bandera estadounidense.
Sin embargo, la exención permitirá el uso de buques extranjeros, facilitando así una mayor disponibilidad logística para el traslado de recursos clave como petróleo y gas natural dentro del territorio estadounidense.
“La decisión del presidente Trump de otorgar una exención de 60 días a la Ley Jones es un paso más para mitigar las perturbaciones a corto plazo en el mercado petrolero, mientras las fuerzas armadas estadounidenses continúan cumpliendo los objetivos de la Operación Furia Épica”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
La Administración reconoce que, sin esta flexibilización, el flujo de recursos clave como petróleo, gas natural, fertilizantes y carbón podría verse comprometido. De esta manera, Washington busca garantizar el abastecimiento interno, aun cuando sus propias acciones militares han contribuido a desestabilizar el mercado energético global.
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El recurso a esta medida desesperada no es nuevo
En octubre de 2022, Estados Unidos ya había suspendido parcialmente la ley para abastecer a Puerto Rico tras el huracán Fiona, mostrando que incluso en situaciones críticas depende de excepciones a sus propias regulaciones.
La suspensión de la Ley Jones se suma a otras acciones exasperadas, como la liberación de 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo, en coordinación con la Agencia Internacional de la Energía.
Sin embargo, lejos de resolver el problema de fondo, estas medidas confirman el impacto global de la política exterior estadounidense y su creciente incapacidad para contener las consecuencias de sus propias decisiones.




