El Gobierno de Venezuela presentó una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU por la incautación del tanquero Skipper por parte de Estados Unidos.
La carta fue entregada a la presidencia del organismo, actualmente ejercida por Eslovenia, y califica el hecho como un “robo” y un acto de piratería que viola de forma directa el derecho internacional.
El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, afirmó que no se trata de un episodio aislado, sino de una acción que forma parte de una política sostenida de coerción y agresión de Washington contra el país.
Explicó que estas prácticas buscan obstaculizar la comercialización legal del petróleo venezolano mediante el uso de la fuerza.
En el documento, Caracas exige la liberación inmediata e incondicional de la tripulación retenida, así como la devolución del crudo confiscado en alta mar.
Además, solicitó el cese inmediato de cualquier interferencia contra las operaciones energéticas venezolanas y demandó que el Consejo de Seguridad condene públicamente lo ocurrido.
El Gobierno venezolano también pidió que el organismo deje constancia expresa de que no existe ninguna resolución ni mandato que autorice acciones contra Venezuela ni contra el comercio internacional de su petróleo.
En ese sentido, alertó sobre el peligro de normalizar mecanismos de presión al margen del sistema multilateral.
Las autoridades advirtieron que tolerar este tipo de actos equivale a legitimar el caos en la navegación marítima internacional.
