El Parlamento de Venezuela aprobó de forma unánime la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos durante su segunda discusión. El nuevo marco normativo introduce transformaciones sustanciales destinadas a dinamizar la exploración, explotación y comercialización de petróleo y gas natural en el país.
Las autoridades destacaron que esta modernización normativa busca impulsar la competitividad y elevar la eficiencia operativa del sector energético.
Delcy Rodríguez: Reforma modernizará sector energético
En paralelo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró la aprobación de la reforma y afirmó que constituye una reafirmación de la soberanía nacional sobre los recursos energéticos del país.
Destacó que la iniciativa permitirá transformar las vastas reservas petroleras de Venezuela en un motor de bienestar social y desarrollo económico sostenible.
“Esta ley nos permite el verdadero salto cualitativo en convertir las reservas petroleras en las más grandes reservas de felicidad”, afirmó Rodríguez durante su participación en el acto.
Delcy señaló que la reforma recoge la visión estratégica del comandante Hugo Chávez y la orientación del presidente Nicolás Maduro, quienes han impulsado la modernización del sector energético.
“Es la primera ley que votaron con unanimidad en la Asamblea Nacional. Simboliza la unión nacional, que refleja la cohesión nacional”, sostuvo Rodríguez, resaltando que el consenso alcanzado marca un precedente positivo para el futuro del país.
El texto legal incorpora tres pilares fundamentales: la redefinición del rol de las empresas operadoras, la flexibilización de las regalías y un incremento en las garantías jurídicas para los inversionistas nacionales e internacionales. Con ello se pretende reanimar la producción y favorecer la participación de capital privado bajo esquemas más competitivos.
Uno de los cambios centrales es la incorporación de los Contratos de Participación Productiva (CPP), que permiten a empresas estatales y sus filiales establecer alianzas con operadores privados para encargarse de actividades primarias. Entre ellas se incluyen exploración, extracción, procesamiento, refinación y comercialización integral, mientras el privado asume los costos, riesgos y responsabilidades derivados del proyecto.
Este mecanismo permite al Estado mantener la propiedad absoluta sobre los yacimientos, evitando endeudamiento directo y recibiendo compensaciones basadas en porcentajes de los volúmenes producidos y fiscalizados.
Además, se consolida un modelo utilizado en la Ley Antibloqueo de 2020, considerado exitoso por haber generado ingresos superiores a 900 millones de dólares y una producción de 1,2 millones de barriles diarios durante su implementación.
De igual forma, la reforma autoriza a los accionistas a comercializar directamente su participación en la producción, siempre que el precio obtenido sea superior al generado por las empresas estatales.
La normativa obliga a que dichos ingresos sean reportados al Banco Central de Venezuela, al Ministerio de Petróleo y al sistema tributario nacional, reforzando los controles financieros.
En materia tributaria, la ley incorpora mecanismos especiales para proyectos en campos no desarrollados, conocidos como greenfields, que requieren inversiones de alto riesgo.
Propone regalías para atraer grandes inversores
El presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, Orlando Camacho, explicó que estas áreas necesitan condiciones fiscales equilibradas para garantizar su rentabilidad e incentivar la llegada de fondos privados.
“Estos campos demandan grandes inversiones, por lo que se propone flexibilizar las regalías a fin de volver más atractiva la participación de nuevos operadores”, indicó Camacho en su exposición.
Aunque la regalía básica se mantiene en 30 %, el Ejecutivo podrá reducirla a 20 % en el caso de empresas privadas dedicadas a actividades primarias, y hasta 15 % cuando se trate de empresas mixtas sin viabilidad económica con la tasa estándar.
La norma permite restituir el porcentaje original cuando el proyecto alcance niveles adecuados de rentabilidad, protegiendo así los intereses del Estado.
La reforma también consolida el Impuesto de Extracción sobre hidrocarburos líquidos, equivalente a un tercio del volumen extraído, bajo la misma base de cálculo que la regalía y con posibilidad de descontar lo ya pagado. Este tributo deberá ser declarado mensualmente por la empresa operadora responsable de la extracción.
