Venezuela condenó el traslado a Estados Unidos de un avión de su propiedad, el cual había estado retenido en Argentina desde el año 2022, tras una solicitud de incautación por parte de la justicia estadounidense, que lo acusa de haber violado sanciones y leyes de exportación.
El presidente Nicolás Maduro y su administración denunciaron el hecho como un «robo», señalando a Estados Unidos y Argentina de infringir las normativas que regulan la aeronáutica civil.
En un comunicado oficial, el gobierno venezolano advirtió que «Venezuela libre y soberana dará una respuesta contundente, directa y proporcionada ante este ataque, para lo cual usará todos los recursos disponibles en el marco de la Constitución nacional, la diplomacia y el derecho internacional».
La aeronave, un Boeing 747 con matrícula YV3531 operado por la compañía Emtrasur, filial de Conviasa y anteriormente propiedad de la aerolínea iraní Mahan Air, había estado inmovilizada en Argentina desde junio de 2022, cuando llegó procedente de México con un cargamento de repuestos automotores.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) lamentó el apoyo de las autoridades argentinas a estas acciones, las cuales consideran una violación al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.
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Además, la institución respaldó las acciones legales, diplomáticas y políticas emprendidas por las instituciones venezolanas para evitar la apropiación ilegal de sus activos.
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Asimismo, ALBA-TCP catalogó estos hechos como otra muestra de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra el gobierno venezolano, con el fin de apoderarse del avión.