La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad un acuerdo que rechaza la venta de CITGO Petroleum en Estados Unidos y propuso retirar la nacionalidad a opositores señalados de participar en el “expolio” del principal activo venezolano en territorio estadounidense.
“Quien no cumple con el deber de honrar y defender la Patria está negando su condición de venezolano. Debemos exhortar al Ejecutivo a retirar la nacionalidad a los responsables del robo de CITGO”, afirmó Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento.
Durante el debate, la Asamblea Nacional responsabilizó a José Ignacio Hernández, Dinora Figuera, Carlos Vecchio, Juan Guaidó y Horacio Medina de actuar en contubernio con Washington para facilitar lo que calificaron como un “gigantesco robo” contra Venezuela.
El Legislativo pidió aplicar la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Libertador Simón Bolívar para sancionar a los implicados.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez reiteró que Venezuela no reconoce ni reconocerá la venta forzosa de CITGO.
Señaló que el Gobierno venezolano y PDVSA fueron excluidos del proceso judicial “por tráfico de influencias” y sin derecho a la defensa, en lo que calificó como un acto de “lawfare” dirigido a apropiarse de un activo estratégico.
Rodríguez sostuvo que esta operación forma parte de una agenda estadounidense que busca debilitar la soberanía energética de Venezuela y “entregar al mejor postor” sus recursos naturales.
CITGO es la séptima refinería más grande de EEUU, con 4.200 estaciones de servicio y utilidades anuales de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares.
EEUU aprobó de la venta forzosa de la empresa refinadora CITGO por 5.900 millones de dólares a Amber Energy, un monto muy inferior al valor real estimado entre 11.000 y 13.000 millones, lo que Caracas considera una operación dirigida políticamente para despojar al Estado venezolano.
El Parlamento advirtió que esta acción tendrá “graves repercusiones” para cualquier futura relación bilateral, al quedar marcada por el precedente de “haber despojado a un Estado soberano de uno de sus activos más importantes”.
El Gobierno venezolano aseguró que recurrirá a todas las instancias jurídicas internacionales para revertir la venta, que aún requiere aprobaciones regulatorias y no se concretaría antes de 2026.
Caracas sostiene que el caso representa una de las mayores expropiaciones contra un país en el extranjero y un ejemplo del uso de la presión judicial como herramienta de intervención política.
