En el país donde “la democracia y la libertad” forman parte indispensable de la constitución, a más de 150 años de abolir la esclavitud y la servidumbre involuntaria, aún son legales, disfrazadas como una “Cláusula de castigo”, que permite al Gobierno someter a personas encarceladas a trabajos forzados, pero, aunque el acto sea legal; lo legal no siempre resulta justo ni infiere en el respeto a los derechos humanos.
Aprobada por el Congreso en enero de 1865, la décima tercera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos estaba destinada a abolir la esclavitud por completo, pero en realidad, el escrito permitió que la esclavitud siguiera siendo legal.
“Ni en los Estados Unidos, ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá esclavitud ni trabajo forzado, excepto como castigo de un delito del que el responsable haya quedado debidamente convicto”, se puede leer en la sección I de la XIII enmienda del país.
De acuerdo a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), “desde el momento en que entran en las puertas de la prisión, las personas encarceladas pierden el derecho de negarse a trabajar. La Constitución, que protege contra la esclavitud y la servidumbre involuntaria, excluye explícitamente de su alcance a los recluidos debido a una condena penal”. Durante las votaciones realizadas el 8 de noviembre, en las elecciones intermedias de Estados Unidos, se incluyó un referéndum para que cinco Estados (Alabama, Luisiana, Oregón, Tennessee y Vermont), decidieran si eliminaban por completo estas exenciones de las constituciones estatales; y como resultado, en todos los estados esta nueva forma de esclavitud quedó prohibida, menos en Luisiana.
El negocio de la esclavitud
Según el reporte “Trabajo Cautivo: Explotación De Trabajadores Encarcelados”, los reos en Estados Unidos, aportaban ganancias anuales por un monto de $11 mil millones de dólares en bienes y servicios. Sin embargo, de haber sido remunerados, el salario promedio fue de 13 y 52 centavos la hora.
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Aunque existieran empresas privadas, capaces de pagar al Estado un promedio de 12.8 dólares la hora por el trabajo de reclusos, la prisión paga nada más 50 centavos a los trabajadores.
En todo el país, actualmente hay casi 1 millón de presos que trabajan obteniendo remuneraciones de centavos o absolutamente nada, detalla la BBC. Particularmente, Luisiana posee el sistema laboral penitenciario que más resuena en el país.
La Penitenciaría Estatal de Luisiana, conocida como “Alcatraz del sur” o “Angola”, llamada así por el país de donde procedían la mayoría de sus esclavos cuando aún era una plantación de algodón en el siglo XIX; es el ejemplo por excelencia para que los reos se autodenominen “los esclavos del siglo XXI”.
“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124” denuncia Curtis Ray Davis, quien escribió un libro sobre su experiencia en la penitenciaria de Luisiana, titulado “Slave State: Evidence of Apartheid in América” (“Esclavo del Estado: evidencia del Apartheid en América”).
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Davis, pasó esos 25 años realizando trabajos forzados por un crimen que no cometió, donde nunca le pagaron más de 20 centavos por hora, antes de ser indultado en 2019.
En esta prisión, donde están encarcelados más de 5,000 hombres, al menos el 75 % de ellos son negros, “otro vestigio de esclavitud aún visible en la prisión, que es la más grande del país”, detalla el informe de Innocent Project.
La mayoría de los trabajadores encarcelados encuestados dicen que no recibieron capacitación laboral formal, y muchos también afirman que les preocupa su seguridad mientras trabajan.
Los expertos concuerdan, que hace falta un largo camino para abolir por completo estas leyes y políticas que continúan aprovechándose de las “lagunas” estatales, pero es necesario ejercer más presión entre los legisladores para acabar con la esclavitud en todas sus formas, incluso en las cárceles.
