Las autoridades de Papúa Nueva Guinea han suspendido la búsqueda y recuperación de cuerpos tras la devastadora avalancha que arrasó un remoto poblado en la provincia de Enga el pasado 24 de mayo.
El administrador provincial de Enga, Sandis Tsaka, declaró la zona del desastre como “fosa común” y ordenó la reasignación de recursos para mitigar los riesgos para la salud pública y enfocarse en la rehabilitación de la infraestructura y los servicios públicos esenciales.
En este sentido, esta medida implica que las personas que quedaron sepultadas por la avalancha en la provincia de Enga serán declaradas oficialmente como desaparecidas.
La decisión se basa en la evaluación del terreno por parte de geólogos neozelandeses, quienes confirmaron los graves riesgos para la salud pública y la alta probabilidad de nuevos aludes en la zona.
La suspensión de la búsqueda se produce poco antes de que venciera el plazo legal de 14 días para las operaciones de búsqueda y rescate.
Avalancha y victimas en Papúa Nueva Guinea
Aunque el número exacto de víctimas aún se desconoce, estimaciones preliminares de equipos de la ONU y el gobierno de Papúa Nueva Guinea sugieren que entre de 600 y 2000 personas podrían haber quedado soterradas por la avalancha.
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En respuesta a la magnitud del desastre, Tsaka también ordenó la evacuación masiva de aproximadamente 8.000 personas que residen en áreas de alto riesgo, como Yambali, Kundak, Pokalip y Yuyaung. Las fuerzas armadas y otras entidades nacionales e internacionales colaborarán en esta operación para reubicar a los residentes en zonas más seguras.
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Tras dos semanas de arduos trabajos de búsqueda y rescate, solo se han logrado recuperar once cuerpos. Las complejas condiciones del terreno y las situaciones sociales del país han limitado el uso de maquinaria pesada en las labores de búsqueda. La avalancha sepultó decenas de edificios bajo una capa de tierra de entre seis y ocho metros de altura.