La administración de Donald Trump alcanzó el límite legal para mantener sus ataques en el Caribe y el Pacífico Oriental. Según la Resolución de Poderes de Guerra, aprobada en 1973, Estados Unidos debe suspender cualquier operación militar no autorizada por el Congreso una vez transcurridos 60 días desde su inicio.
Trump notificó al Congreso sobre el primer ataque el 4 de septiembre, lo que significa que el día 60 vence este lunes (3 de noviembre), establece el marco legal estadounidense conocido como el “reloj de 60 días”.
Pese a este límite legal, el Departamento de Justicia ha sostenido que las operaciones ordenadas por la Casa Blanca “no constituyen hostilidades” y, por tanto, pueden continuar sin la autorización legislativa.
En ese sentido, exfuncionarios del Departamento de Estado, advirtieron que el Ejecutivo usurpa las competencias del Congreso y sienta un precedente de militarización unilateral.
Los ataques, lanzados bajo el argumento de combatir el narcotráfico, se han extendido por el Caribe y el Pacífico Oriental, generando críticas internacionales por su carácter extraterritorial y la falta de supervisión civil.
Expertos califican la supuesta estrategia de Trump como un acto de desobediencia legal y abuso del poder de guerra.
Hasta la fecha, los ataques de EEUU han dejado al menos 65 personas muertas, entre ellas 10 ejecutadas extrajudicialmente en aguas internacionales de Venezuela, según denuncias regionales.
