Ocho países de mayoría musulmana manifestaron su rechazo a la reciente ley impulsada por Israel que contempla la pena de muerte aplicada únicamente a ciudadanos palestinos, señalando que se trata de una medida de carácter excluyente.
Las cancillerías de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Catar, Jordania, Indonesia, Pakistán y Egipto coincidieron en que esta normativa marca un giro hacia políticas más restrictivas y diferenciadas en función del origen de la población.
La legislación fue aprobada por el Knéset y establece su aplicación en territorios como Cisjordania y la Franja de Gaza, en un contexto de ocupación que ya ha sido objeto de múltiples cuestionamientos internacionales.
En un pronunciamiento conjunto, los ministros advirtieron que este tipo de decisiones profundizan un esquema de segregación, al tiempo que debilitan los principios básicos del derecho internacional vinculados a la igualdad y la protección de la vida.
También alertaron que la medida podría agravar el clima de tensión en la región, al introducir un elemento adicional de confrontación en un escenario ya marcado por conflictos prolongados.
Los gobiernos firmantes expresaron preocupación por las condiciones de detención de ciudadanos palestinos, señalando la existencia de reportes sobre prácticas que vulneran derechos fundamentales.
Finalmente, reiteraron su oposición a políticas que, según indicaron, consolidan mecanismos de exclusión y presión sobre la población palestina en los territorios bajo control israelí.
