La Duma Estatal de Rusia aprobó en segunda y tercera lectura, la primera ley que regula de manera integral el uso de monedas y derechos digitales en el país.
La iniciativa, presentada por el Gobierno en abril, aún deberá ser ratificada por el Consejo de la Federación y posteriormente firmada por el presidente, Vladímir Putin, para su entrada en vigor.
La legislación crea un marco jurídico para la circulación de criptomonedas en territorio ruso, estableciendo reglas para las plataformas de intercambio, los depositarios digitales y los participantes del mercado. Además, define las condiciones bajo las cuales los ciudadanos e inversionistas podrán adquirir y operar con activos digitales de forma legal.
Uno de los aspectos más relevantes de la normativa es que reconoce legalmente las criptomonedas como bienes patrimoniales.
El Banco de Rusia asumirá la supervisión del sector, mientras que el Gobierno, en coordinación con el Banco Central y el Servicio Federal de Seguridad (FSB), podrá establecer un régimen especial para administrar las monedas digitales.
Según la norma, este mecanismo busca proteger el orden constitucional, los intereses económicos nacionales y la seguridad del Estado.
«Los inversores cualificados podrán adquirir criptomonedas sin restricciones, mientras que los no cualificados tendrán un límite anual de hasta 300.000 rublos por intermediario y deberán superar pruebas de aptitud” establece el proyecto.
La ley también regula el funcionamiento de las entidades dedicadas al intercambio de criptomonedas, las cuales deberán inscribirse en un registro especial y contar con un capital mínimo de 15 millones de rublos, aunque dispondrán de un período de transición hasta el 1 de julio de 2027.
La iniciativa obliga a bancos y sucursales extranjeras a bloquear transferencias dirigidas a operadores no autorizados. La mayor parte de las disposiciones entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026, manteniendo la prohibición de promocionar el uso de criptomonedas como medio de pago dentro del país, salvo las excepciones contempladas para comercio exterior, minería y determinadas operaciones financieras.
