Ante el allanamiento policial en la Embajada de México en Ecuador, abogados de la sociedad civil e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tomaron medidas legales contra el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.
La denuncia, que se basa en diversos delitos tipificados en el Código Penal Federal, acusa al presidente Noboa de haber ordenado el allanamiento ilegal de la sede diplomática mexicana en Quito, así como de haber ejercido violencia contra los funcionarios de la Embajada.
Aparte del allanamiento y la violencia, la denuncia también señala el «secuestro» del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, quien se encontraba asilado en la embajada, así como las «detenciones ilegales» de funcionarios mexicanos y el «espionaje» y «hostigamiento» a las instalaciones diplomáticas.
Demanda por una investigación completa de los hechos
Los abogados y académicos que presentaron la denuncia reiteraron su compromiso con la justicia y el respeto al derecho internacional, exigiendo una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos ocurridos en la Embajada de México en Quito.
Igualmente, el experto en Derecho Penal Internacional, Raúl Armando Jiménez, destacó que la Fiscalía General de la República mexicana está facultada para investigar los presuntos actos ilícitos, ya que la legislación considera estos eventos como ocurridos en territorio nacional.
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Además, Porfirio Martínez, quien lidera la asociación cívica Mexicanos Unidos, señaló la posibilidad de aplicar el principio de la improcedencia del cargo oficial al presidente de Ecuador.
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Este principio, establecido en el artículo 27 del Estatuto de Roma, establece que el estatus oficial de una persona, incluso los jefes de Estado, no los exime de responsabilidad penal bajo ninguna circunstancia.
