La residencia de la presidenta designada de Perú, Dina Boluarte, fue objeto de un allanamiento por parte de un equipo de fiscales y agentes de la Policía Nacional como parte de una investigación preliminar relacionada con el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Medios de comunicación compartieron imágenes en las cuales se mostraba a un grupo de agentes forzando la cerradura de la puerta principal de la residencia de Boluarte, ubicada en el distrito capitalino de Surquillo. Esto ocurrió luego de que no recibieron respuesta tras varios intentos de contacto.
Sin embargo, la Presidencia de Perú, a través de su cuenta oficial en X, respondió al allanamiento asegurando haber brindado «todas las facilidades para la diligencia solicitada por la Fiscalía de la Nación, la misma que se desarrolló con normalidad y sin ninguna incidencia».
De acuerdo con información proporcionada en un comunicado de la policía, alrededor de 40 agentes y fiscales estuvieron involucrados en la diligencia, con el fin de llevar a cabo el registro de la residencia y confiscar relojes Rolex cuya procedencia y adquisición no han sido especificadas por Boluarte.
El juez supremo Juan Carlos Checkley aprobó, según los informes de la emisora RPP, el allanamiento de la residencia, en respuesta a una solicitud presentada por el fiscal general, Juan Carlos Villena. Esta acción se enmarca en la investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito relacionado con la omisión de declaraciones en documentos oficiales.
Reunión de Emergencia por «Caso de Relojes» en Perú
En este sentido, en los últimos días, surgió una polémica entre la Presidencia de Perú y el Ministerio Público con respecto a las acciones emprendidas en el marco de la investigación sobre la presunta falta de declaración de los valiosos relojes de la presidenta designada.
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Luego del allanamiento llevado a cabo por la Fiscalía y agentes policiales en la residencia de la presidenta, los ministros de la presidencia convocaron una reunión de emergencia en el Palacio de Gobierno. Este encuentro extraordinario tenía como objetivo analizar la situación de Boluarte.
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Según reportes de medios peruanos, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriánzen, fue uno de los primeros en llegar a la sede gubernamental, acompañado por el ministro de Desarrollo e Inclusión Social.
