Gobierno venezolano rechaza intento de deslegitimar elecciones por parte de Estados Unidos
Gobierno venezolano rechaza intento de deslegitimar elecciones por parte de Estados Unidos

El Gobierno de Venezuela condenó el comunicado emitido por Estados Unidos, en el cual se pretende desconocer y deslegitimar las próximas elecciones presidenciales en el país sudamericano.

Venezuela, a través de un comunicado, denunció los intentos de EEUU de «minimizar» la participación de 37 fuerzas políticas en territorio venezolano, las cuales respaldaron la inscripción de 13 candidaturas presidenciales, incluyendo 12 que se identifican como oposición.

Según la declaración del canciller venezolano, Yvan Gil, el comunicado estadounidense revela que “finalmente los jefes de la operación contra Venezuela muestran su rostro, como dueños de un circo que intenta desconocer y deslegitimar las próximas elecciones presidenciales”.

En esta línea, el canciller Gil criticó las acciones de Estados Unidos destinadas a encubrir el hecho de que fueron las fuerzas internas de la oposición venezolana las responsables del «desplazamiento» de sectores políticos involucrados en «acciones terroristas, inconstitucionales, antidemocráticas y violentas».

Pretenden imponer intereses estadounidenses y de la oligarquía

Asimismo, el diplomático venezolano señaló que “reiteradamente han demostrado no tener intenciones sinceras de medirse electoralmente ante el pueblo sino más bien de ejercer acciones en función de garantizar los intereses estadounidenses y de los apellidos de la oligarquía venezolana”.

Puedes leer: Nicaragua se solidariza con Venezuela ante la “jauría infame” de EEUU y los imperios coloniales

Venezuela asegura haber cumplido rigurosamente con las normas legales y constitucionales para llevar a cabo las elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio de 2024.

Te puede interesar: Putin: Occidente ha parasitado al mundo

Según lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las próximas elecciones en el país determinarán a las autoridades encargadas de administrar las políticas públicas durante los siguientes seis años.