Tras una ola mediática en redes sociales, ha surgido un doble discurso sobre la situación que atraviesa Cuba frente a la pandemia y el golpe en su economía. Por un lado, se culpa al gobierno, pero por otro, a las históricas sanciones impuestas por Estados Unidos a la isla.

Para expertos en política exterior, se trata más de un bloqueo que de un “embargo”, primero porque consideran que, las sanciones contra Cuba no son simplemente una restricción al comercio, sino más bien, se busca generar “hambre y desesperación” en el pueblo, con el fin de “incitar” un cambio de gobierno, y segundo porque es un vivo ejemplo de una política agresiva contra un país soberano.

El mismo canciller, Bruno Rodríguez, ha dicho que “el bloqueo es extraterritorial. No se trata de privar a Cuba de las relaciones económicas con la economía dominante en el mundo y en nuestra región, sino de impedir las relaciones económicas normales de Cuba con terceros países”.

El bloqueo estadounidense contra Cuba, se basa en un amplio esqueleto jurídico, construido durante décadas que incluye una serie sanciones económicas, financieras y comerciales en las que se restringe la compra y venta de mercancías con Cuba. 

No está permitida la comercialización de cualquier bien que tenga más del 10% de componentes fabricados en Estados Unidos; por ejemplo, un vehículo fabricado en España y cuya caja de cambios es elaborada en Estados Unidos, ya no podrá ser exportado a Cuba.

Además, este bloqueo no solo afecta las relaciones de Cuba con Washington, sino con otros países, ya que Cuba no puede realizar transacciones en dólares, la divisa más utilizada en el mercado internacional.

La “Cuban Democracy Act”, autoriza a EE.UU. imponer sanciones a los países que mantengan relaciones comerciales o financieras con Cuba o les presten algún tipo de asistencia.

Esta medida se endureció con la Ley Helms-Burton, que limita comercialmente a Cuba, al eliminar la posibilidad de hacer negocios en el país o con el gobierno cubano, debido a que posibilita la acción judicial de Washington contra los bienes de personas y empresas que tienen inversiones en la isla.

Y, por si fuera poco, en 2017 con la asunción de Donald Trump, el bloqueo contra La Habana fue intensificado con más de 240 medidas impuestas por el exmandatario estadounidense.

Los daños cuantificables acumulados durante casi seis décadas de aplicación de esta política contra Cuba, ascienden a más de un billón 98 mil 8 millones de dólares, según el último informe presentado por el gobierno caribeño ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, en 2020.

Desde 1992, se ha rechazado este bloqueo y en las resoluciones de condena de los últimos años, el respaldo hacia la Habana, ha sido casi unánime. El 23 de junio del 2020, 184 de los 193 miembros de la ONU, condenaron y solicitaron el cese del bloqueo contra la isla.