Luego de casi 15 años de demandas y exigencias de distintas comunidades indígenas y de organismos de derechos humanos, el Gobierno de Canadá pagará 31.500 millones de dólares, en consecuencia de la violación y discriminación a las que fueron sometidos miles de niños indígenas, en distintos internados obligatorios.
Durante tres décadas, a alrededor de unos 150.000 infantes indígenas se les separó cruelmente de sus familiares, siendo llevados a la fuerza a distintos “Centros de Acogida” en los que vivieron sometidos a abusos físicos, psicológicos, sexuales y al racismo, donde también no se les permitía hablar su idioma natal o practicar su cultura autóctona.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá denunció que, a partir de 1874, obligar a los menores de edad a asistir a internados católicos, en los que les prohibían hablar su lengua aborigen y practicar sus tradiciones, se convirtió en una práctica común.
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Sin embargo, años más tarde, en 2007 diferentes organizaciones decidieron llevar el caso a los tribunales de justicia y tras periódicas negociaciones y apelaciones en Ottawa, las cuales no habían sido aceptadas, un juez ordenó que el 31 de diciembre de 2021 debía ser la fecha límite para alcanzar un pacto amistoso, entre ambas partes (el Estado y Organizaciones).
En este contexto, un caso aberrante que elevó más la ira de la población y obligó a Canadá a aceptar su error, fue el descubrimiento de cerca de 751 tumbas sin marcas en una vieja Escuela Residencial Indígena Marieval, en la provincia de Saskatchewan, en junio de 2021; pero esa no sería la primera vez que se encontrarían cientos de restos en fosas comunes en la nación norteamericana.
Para finales de mayo, se descubrieron los restos de 215 niños indígenas enterrados en otro antiguo internado cercano, el de Kamloops, en Columbia Británica, Canadá.
En ese momento, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, expresó que, el hallazgo es «un vergonzoso recordatorio del racismo sistemático, la discriminación y la injusticia que los pueblos indígenas han enfrentado y continúan enfrentando en este país».
Un pacto, que no compensa el dolor
Tras el reciente anuncio de Canadá de indemnizar con más de 30 millones de dólares, para reformar su discriminatorio sistema de Bienestar Infantil y compensar a las familias indígenas que sufrieron por su causa, líderes indígenas se pronunciaron de inmediato.
Al respecto, Patty Hajdu, ministra de Servicios Indígenas, dijo que, «ningún dinero podrá compensar el trauma que sufrió la gente». Pero, agregó que, «esto comenzará el proceso de sanación y ayudará a las familias en ese viaje de sanación, apoyará a las personas que han sufrido pérdidas y daños extraordinarios. Detendrá la discriminación».
Por su parte, Cindy Woodhouse, jefa de las comunidades indígenas de la provincia de Manitoba, agregó: «hemos esperado este acuerdo desde hace mucho tiempo. Los grupos indígenas del país han trabajado duro para alcanzarlo», sostuvo la líder, quien también es negociadora del pacto.
El pasado oscuro de Canadá y la forma de cómo aplicó proyectos coloniales «traumatizadores» a generaciones de menores y abusos a las comunidades indígenas, llegarán a ser recordadas como el mayor «genocidio», que pudo cometer el Gobierno en vínculo de órdenes religiosas católica en contra de una sociedad indígena, que por muchos años ha vivido en resistencia frente a las políticas sistemáticas de un Estado, a fin de no abandonar sus lenguas, cultura y creencias.
