Perú se ha visto en una problemática medioambiental sin precedentes, que marcará la historia de esa nación suramericana. Los daños provocados por el derrame de petróleo el 15 de enero, en la refinería La Pampilla, propiedad de la empresa española Repsol, han afectado aproximadamente 24 playas de Lima.
El Gobierno de Pedro Castillo calificó este acontecimiento como “el peor desastre ecológico” en la historia reciente del Perú, donde cerca de 11.900 barriles de crudo terminaron en el mar y han afectado alrededor de 100 kilómetros de costa, según información del Estado peruano.
“El daño ecológico al litoral peruano es inaceptable. Desde el Estado se han dispuesto enérgicas acciones penales, civiles y administrativas, con el propósito de resguardar la soberanía y el bienestar del país”, indicó Castillo cuando visitaba la playa Cavero.
Han transcurrido varios días desde el derrame y a la medida que avanzan las investigaciones, el desastre continúa elevando el número de playas afectadas con hidrocarburo y el daño al ecosistema marino sigue siendo caótico.
El Ejecutivo del Perú declaró emergencia medioambiental por 90 días en la zona afectada y ha impuesto presión a la compañía petrolera Repsol.
«El desastre ambiental ha continuado extendiéndose desde las playas del distrito de Ventanilla hacia las costas del distrito de Chancay, obteniéndose reportes de contaminación del agua y arena en 24 playas«, describió en un comunicado la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA), suscrita al Ministerio de Salud, en el que, además exige enérgica sanción a los culpables del “ecocidio”.
Además, el Gobierno del país andino, señaló que la mancha del crudo en la superficie marina se extendía por un área equivalente a más de 320 canchas deportivas, por lo que prohibió el uso de las playas contaminadas “como medida de prevención” y “por representar un grave riesgo para la salud” de la población.
El derrame ha dejado sin trabajo a cientos de pescadores de los distritos costeros y amenaza a dos reservas marinas protegidas, donde se refugian nutrias marinas y pingüinos. Tras el incidente, el Ministerio de Medio Ambiente indicó que la empresa Repsol podría enfrentar multas de más de 4,6 millones de dólares.
Por su parte, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) reportó que el derrame de petróleo llegó a la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Islotes de Pescadores y la Zona Reservada de Ancón.
Asimismo, comunicó que la fauna marina de la zona protegida resultó gravemente afectada. “Se han encontrado aves, lobos marinos y pingüinos muertos, así como muchos ejemplares contaminados”, tras las labores de remoción del crudo.
El Ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, informó que el derrame dañó han afectado un total de 11,337 hectáreas de mar y tierra producto de este desastre ecológico. “Nos encontramos frente a un escenario sin precedentes en la historia de nuestra patria. Nunca pensamos que se iba a dar un hecho como este que iba a generar grandes afectaciones ambientales y económicas”, apuntó.
Posibles sanciones a Repsol, lo obligan a dar otros datos La empresa Repsol dijo el 15 de enero pasado que el derrame de crudo en las costas del Perú, fue originado por un fuerte oleaje producto de la erupción del volcán Tonga, sin embargo, las versiones del Ministerio del Ambiente, precisan que al menos unos 11.900 barriles (1.9 millones de litros) de petróleo se habían derramado, en una zona ecológica del Pacifico de Perú, muchos más de los 6.000 barriles que Repsol había reportado en pasados días.
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En su más reciente versión, la empresa petrolera, aseguró que la cantidad de crudo derramado habría alcanzado los 10.396 barriles (1.65 millones de litros), un estimado notablemente mayor a los 6.000 barriles que en días anteriores había anunciado y muy inferior a los 11.900 barriles estimados por el Ministerio del Ambiente de Perú.
Asimismo, el consorcio de origen español dio a conocer sobre la recuperación del 35 % del petróleo vertido en la superficie del mar; igualmente detalló que el número exacto de barriles derramados solo se conocerá cuando se confirme qué volumen de crudo queda en el tanquero italiano Mare Doricum, de donde se produjo el escape del crudo.
Otra nueva filtración se registró el 25 de enero, en una de las terminales de la empresa, equivalente a 8 barriles de petróleo, y a pesar de haber sido controlado, su alcance en las aguas de las costas del Perú, continúa siendo irreparables y minimizados.
En tanto, como parte de la investigación, la Fiscalía Especializada en Material Ambiental de Lima Noroeste solicitó 18 meses de impedimento de salida del país para cuatro representantes de la Refinería La Pampilla S.A, que es administrada por el grupo Repsol.
“Es necesario garantizar que los investigados permanezcan en el territorio nacional mientras se desarrollan los procesos requeridos, para esclarecer los hechos e imputar responsabilidades”, aseguró Tamara Gonzáles, fiscal adjunta de la Fiscalía peruana, en referencia de las medidas aplicadas a los funcionarios de la empresa petrolera.
Recientemente, el Ministerio del Ambiente de Perú, tomó una de las medidas más contundente, y ha comunicado que Repsol no podrá continuar con sus actividades de carga y descarga de hidrocarburos, mientras esta no se responsabilice y brinde las garantías necesarias para evitar otro daño como el presentado hace varios días.
Lo cierto es que, las dimensiones del daño ambiental causado por el derrame petrolero, aumentan cada día, y la catástrofe que representa para el ecosistema marino, aún resulta incalculable.
