El derrame de petróleo en Ecuador ha provocado graves daños a la Amazonia. Foto: Ministerio de Ambiente
El derrame de petróleo en Ecuador ha provocado graves daños a la Amazonia. Foto: Ministerio de Ambiente

Un derrame de 6.300 barriles de petróleo en la provincia de Napo, Ecuador, ha provocado un desastre ambiental que representa una amenaza en la Reserva de la Amazonía ecuatoriana, luego de la ruptura de un Oleoducto de Crudos Pesados, a causa de un desprendimiento de una roca por las fuertes lluvias el 28 de enero.

Tras el incidente, el Gobierno de Ecuador ordenó de manera «inmediata» acciones de limpieza y remediación tras lo acontecido, que puso en riesgo a 300 kilómetros de grandes hectáreas de una reserva natural.

En imágenes difundidas por medios de comunicación, que dieron la vuelta al mundo, se percibió la salida a chorros del petróleo por el agujero de la tubería, evidenciando los graves daños al ecosistema de la Amazonía ecuatoriana.

El Ministerio de Ambiente de Ecuador, dio a conocer que el vertido aconteció dentro del Parque Nacional Cayambe-Coca, afectando 21.000 metros cuadrados, de los que 16.000 se encuentran en la reserva que alberga una amplia diversidad de fauna y una reserva de agua.

Varias comunidades indígenas se vieron afectadas por el derrame de petróleo en Ecuador. Foto. Ministerio del Ambiente.

La empresa responsable aseguró en un comunicado que ya «ha retirado el crudo y reinyectado en piscinas”, pero admitió que gran parte llegó al Río Coca, uno de los principales caudales de la Amazonía ecuatoriana que abastece a varios poblados, entre ellos indígenas.

Según la compañía de Oleoducto de Crudos Pesados, se han recuperado, por distintos medios, 5.300 barriles y faltarían otros 1.000. Sin embargo, el Gobierno de Guillermo Lasso, no se ha pronunciado sobre las sanciones que podría recibir la empresa, ante el derrame del petróleo en zonas protegidas de la Amazonía.

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«Tratamos que el crudo no llegara al río, pero bajó como cascada por la pendiente», expresó a medios de comunicación, César Benalcázar, un obrero de la zona.

Por su parte, las comunidades afectadas por el derrame, demandaron a la compañía de Oleoducto una reparación ambiental inmediata de la zona afectada, además, exigieron una valoración técnica para la indemnización de las familias que sufrieron el impacto del derrame.