Jeringa y medicamento junto a un mazo judicial en el debate sobre eutanasia en Francia
Una jeringa y un frasco de medicamento junto a un mazo judicial, en una imagen alusiva al debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido en Francia tras la aprobación de la norma por la Asamblea Nacional. / Google

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, promulgó este miércoles 19 de agosto la ley que establece el derecho a recibir “ayuda para morir” y legaliza determinadas formas de eutanasia y suicidio asistido.

La normativa fue publicada en el Diario Oficial del Estado, un requisito indispensable antes de su entrada definitiva en vigor.

La legislación había recibido la aprobación final de la Asamblea Nacional el pasado 15 de julio, con lo que concluyó su recorrido parlamentario.

Posteriormente, el Consejo Constitucional francés validó el texto, aunque estableció varias reservas relacionadas con su aplicación y las garantías para los profesionales involucrados.

Entre las observaciones planteadas figura la objeción de conciencia para centros privados y concertados, así como para farmacéuticos que rechacen preparar la sustancia utilizada en el procedimiento.

La norma define este mecanismo como “ayuda a morir” y establece que, como principio general, será el propio paciente quien deberá administrarse el producto.

Solo de manera excepcional, cuando una incapacidad física impida al solicitante realizar el procedimiento por sí mismo, un profesional sanitario podrá intervenir para administrar la sustancia.

Acceso limitado a adultos con enfermedades graves e incurables

Para acceder a este derecho, la persona deberá ser mayor de edad, tener nacionalidad francesa o residir de forma estable y regular en el país.

Asimismo, el paciente deberá padecer una enfermedad grave e incurable en fase avanzada o terminal, experimentar un sufrimiento físico considerado insoportable y conservar la capacidad de expresar libremente su decisión hasta el último momento.

La legislación precisa que el sufrimiento exclusivamente psicológico “en ningún caso” será suficiente para acogerse a este mecanismo.

La petición deberá formalizarse por escrito ante un médico o enfermero y pasar por una evaluación con participación de otros profesionales.

El facultativo tendrá un máximo de 15 días para emitir una decisión motivada y, en caso de aprobación, el paciente deberá ratificar su voluntad después de un período mínimo de reflexión de dos días.