Una encuesta en Perú, alarma sobre la agudización del racismo y la discriminación contra las poblaciones indígenas

Una encuesta realizada en Perú, reveló la discriminación y racismo que prevalece en la nación sudamericana, al proyectar que el 23 % de la ciudadanía valora a los pueblos indígenas como “obstáculos para el desarrollo económico”.

Los especialistas en temas sociales, aseguran que en Perú existe un problema estructural, donde muchos de los ciudadanos ni siquiera conocen sus raíces, y no tienen idea de cuántas etnias tienen presencia en el territorio nacional.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), se refirió sobre la agudización del racismo en Perú, donde “principalmente los jóvenes tienen una percepción que los pueblos indígenas no son valiosos”, y “que los pensamientos y prácticas de los pueblos originarios son atrasadas”.  

En este sentido, el organismo llamó a realizar un trabajo de sensibilización, tomando en cuenta que “la no valoración del otro puede dar pie a la discriminación o a la exclusión”.

La encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), plantea que solo un 24 % de la población cree que las políticas públicas vigentes, se orientan en la búsqueda de un intercambio entre las culturas y el aprendizaje mutuo.   

El IEP, planteó que “los pueblos indígenas u originarios no han sido incluidos de manera visible en los mecanismos y contenidos utilizados por el Estado, para la construcción de identidad nacional”.

Durante las protestas contra la presidenta designada, Dina Boluarte, organismos de derechos humanos, denunciaron el desprecio del Estado hacia la población indígena y campesina.

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En este sentido, los organismos de DD.HH. denunciaron a las fuerzas armadas de ese país, por ejercer represión, en el contexto de la jornada de protestas contra el Gobierno, donde solo en el departamento de Puno, fueron asesinadas 17 personas pertenecientes a la población indígena.

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Las asociaciones pro derecho humanos, en marzo de 2023, también denunciaron al Gobierno de Dina Boluarte por autorizar que se reprimieran las protestas en la Plaza San Martín, donde la Policía Nacional del Perú lanzó gas lacrimógeno a mujeres aimaras.