El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, es acusado por la Fiscalía de su país, que le imputan los delitos de fraudes y sobornos, al comprar testigos, para manipular información, y que estos declararan en contra de terceros y vincularlos con grupos paramilitares.
Después que el fiscal Gilberto Villareal, leyera la acusación contra Uribe, la jueza Sandra Heredia, dictaminó que a partir de ese momento Uribe “Adquiere la condición de acusado” y se procedería a la etapa de la presentación de las pruebas.
La fiscalía, acusó a Uribe, presuntamente, por los delitos de soborno y fraude procesal. De ser declarado culpable, Uribe puede enfrentarse a una pena de hasta 12 años.
Por su parte, Uribe dijo, durante la audiencia virtual que: “Nunca pedí sobornar un testigo, lo que hice fue pedir unas verificaciones de la información que me llegaba”.
La fiscalía aduce que, Uribe habría dado instrucciones a un abogado para que directamente o a través de otras personas contactaran a ex paramilitares para que rindieran testimonio en el que “faltaran a la verdad” o callaran a cambio de dinero o tráfico de influencias.
Uribe acusó y terminó siendo investigado
Durante su mandato, Álvaro Uribe, denunció en 2012, al senador Iván Cepeda, de estar organizando paramilitares para que declararan en su contra y lo involucraran con la creación de un grupo paramilitar.
Pero, la acusación fue cerrada por la Fiscalía, en cambio Uribe pasó a ser acusado de los mismos delitos que él le adjudicó a Cepeda.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia de Colombia inició un proceso investigativo contra Uribe, ante sospechas de que el ex mandatario haya sido quien intentó manipular testigos.
Por lo que, en 2020, para no entorpecer el proceso contra Uribe, magistrados de la Corte Suprema de Justicia dictaron arresto domiciliario, ya que, en libertad, el proceso podría haberse obstaculizado.
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En noviembre de 2023, Uribe compareció ante la fiscalía en una investigación preliminar relacionada con su presunta participación en una masacre y el homicidio de un defensor de los derechos humanos, basada en el testimonio proporcionado por Salvatore Mancuso, un exjefe paramilitar.
Además, enfrenta acusaciones por la justicia argentina por su presunta implicación en más de 6.000 mil ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles durante su mandato entre 2002 y 2008, en un caso conocido como «falsos positivos».
